Un funcionario policial de la Vial fue separado del cargo presuntamente por haber avisado a los narcotraficantes sobre los controles en la ruta 7 en Junín, pero lo llamativo es que aún no habría denuncias para investigar el hecho, tanto de parte de las autoridades políticas como de la Justicia Federal.
En Junín, la ciudad fue rebautizada como la “Chicago de Argentina”, a raíz de los constantes y espectaculares hechos policiales que implican delitos de gravedad y una inseguridad que no da respiro. Robos, motochorros, escruches, hurtos violentos y la venta y comercialización de todo tipo y color de drogas, son solo algunos de los delitos que preocupan en prácticamente todos los ámbitos y rincones.
Precisamente, el sábado 14 de diciembre, en una conferencia de prensa, las autoridades de la Seguridad local, a partir de un trabajo investigativo de la DDI, dieron detalles acerca de la detención de catorce juninenses y veinte allanamientos en el marco de una causa por asociación ilícita de una banda que robaba vehículos, realizaba estafas y “cuentos del tío”. A pesar de las felicitaciones recibidas entre pares, se vivían sentimientos encontrados, ya que el día anterior se preveía que habría un 2 x 1 que incluiría un operativo antidroga histórico para Junín, por la cantidad de estupefacientes que se pensaba secuestrar.
Sin embargo, no pudo ser.
La división contra el Crimen Organizado y Narcotráfico de Junín venía practicando tareas de inteligencia e investigaciones previas al hecho. Eso motivó el pedido y la autorización al juez federal, Héctor Pedro Plou, para llevar a cabo un mega operativo para la noche del viernes 13 y la madrugada del sábado 14 de diciembre del año pasado. Se comunicaron con el intendente Pablo Petrecca y el juez le pidió el complejo deportivo municipal para que funcione como base de operaciones, ya que en ese lugar se encontraba al mando y supervisando las tareas el secretario de Seguridad, Andrés Rosa; un funcionario que se desempeñaba como director de la gestión anterior, sospechada de vínculos con el narcotráfico local. Junto a él se encontraba su director de Seguridad, Luis Chami, y otros doce altos jefes policiales vinculados al operativo.
Despliegue policial
Los tres micros saldrían desde Buenos Aires con destino a las unidades carcelarias con asiento en Junín, con intervalos de una hora aproximadamente, y los teléfonos de los conductores estaban intervenidos por la policía. Luego de que el primero de los vehículos pasó los ingresos de San Andrés de Giles, comenzó a ser seguido por un auto de civil, comandado por personal policial de narcotráfico que hacía saber de sus movimientos, hasta llegar a Junín. Cuando el colectivo arribó a la caminera del kilómetro 260 de la ruta 7, a eso de la 1.30 del sábado, fue detenido por el personal y trasladado al complejo municipal.
Requisa policial
Hicieron bajar a los pasajeros, la mayoría mujeres, quienes fueron minuciosamente requisadas, mientras otra parte de los efectivos buscaba evidencias en cada uno de los rincones del micro. El resultado del operativo dio “cero” presencia de estupefacientes. No se encontró “nada de nada, cuando se esperaba que se hallasen varios kilos de drogas”.
En ese marco, comenzó a correr la versión entre los propios pasajeros que cinco mujeres, que eran las “mulas” transportadoras de la droga, habrían dejado los paquetes en una estación de servicio antes de pasar por San Andrés de Giles, debido a que habían advertido que en Junín aguardaba un gran despliegue policial.
La complicidad policial
Cuando los efectivos policiales revisaron el teléfono del chofer del micro en cuestión, trascendió que tenía una llamada entrante del jefe el comisario Matías Véccoli, del destacamento Vial Junín, que a raíz de ese hecho fue apartado del cargo, sin sumario administrativo y a la espera de que el fiscal federal Eduardo Varas realice una denuncia al respecto y encabece una investigación ordenada.
Pero lo cierto es que, hasta el momento, esa denuncia no existiría.
Al colectivo demorado poco después se le dio el permiso para continuar y trasladar a los pasajeros a encontrarse con sus familiares privados de libertad, en momentos en que además se registraban huelgas de hambre en algunos de los penales de la provincia.
En Junín, en lugar de brindar seguridad y soluciones a los vecinos, los funcionarios políticos y judiciales, parecieran ser parte del problema.
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