El 27 de diciembre de 2019, la empleada municipal Carolina Moré, responsable de trasladar la recaudación de la balanza de pesaje de camiones areneros ubicada en el predio de Coplac en camino Crucero General Belgrano, denunció que esa madrugada un motochorro le había robado un bolsín donde llevaba parte de la recaudación de varios días de la tasa que se cobra a cada transporte de cargas que sale de San Pedro.
El episodio, conocido como “el escándalo de la balanza”, provocó intensos debates porque reveló una manejo que el Gobierno reconoció al menos “desprolijo” en la modalidad de cobro de una tasa creada a medida de los camiones areneros luego de que se repavimentaran la ruta 1001 y el camino Crucero General Belgrano.
Por un lado, ante la falta de elementos probatorios para avanzar en la causa por el robo, decidió archivarla. Por el otro, las “desprolijidades” del manejo de esos recursos provocaron que la titular de la UFI 11 ordenara la conformación de una nueva causa para investigar si el Gobierno cometió algún tipo de delito respecto de esos fondos.
Carolina Moré dijo que el 26 de diciembre de 2019, alrededor de las 22.00, fue a retirar el dinero con la recaudación de los últimos días, que eran varios porque hubo feriados de Navidad en el medio. Colocó los billetes en una mochila y se fue.
Pero no se fue a hacer el depósito, porque ya había pasado el horario bancario. Fue a un cumpleaños y luego a su casa, donde, relató, fue sorprendida por una pareja de motochorros armados que la apuntaron y le arrebataron el bolso. Habían pasado alrededor de tres horas desde que se fue de la balanza.
No hay pruebas que permitan imputar a nadie. Nada alcanzó para establecer sospechas respecto de quiénes le robaron el dinero a la empleada a la que la Secretaría de Seguridad que conduce Eduardo Roleri le confió el retiro de los billetes para su posterior depósito.
La otra causa, la que Ramos ordenó abrir y que deberá tramitarse en una Fiscalía de Baradero porque allí van los expedientes en los que hay funcionarios públicos locales involucrados, trasciende el asalto a Moré y pone el ojo en otros puntos.
La modalidad de recaudación, los procesos para depositar el dinero en el banco y la rendición de los tickets, cuyo talonario desordenado fue reconocido como “desprolijo” por el Gobierno en más de una oportunidad tras el hecho están ahora en la mira de la Justicia.
Por ello lo que ordenó que se abra una investigación en procura de establecer si caben responsabilidades penales al intendente Cecilio Salazar, al secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y a quienes ellos hayan delegado tareas relacionadas con la recaudación de la tasa por pesaje de camiones.
Lo que Ramos sospecha es lo que los concejales del Frente de Todos expusieron en la sesión extraordinaria de febrero de 2020 en la que discutieron con el oficialismo por el tema. Gastón Casco dijo que hubo en el tema “una tremendo irregularidad” y una “improvisación” que provocó “un hecho demasiado grave”.
Para el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz, las palabras de Casco habían sido “imprudentes”. En ese momento, el concejal opositor reveló que la fiscala Ramos había informado acerca de una “demora posiblemente deliberada en presentar la denuncia”. En efecto, la Fiscalía tardó seis días en tomar conocimiento de uno de los hechos delictivos más graves que involucran el Estado municipal.
Tras el episodio, la Municipalidad aseguró que dispondría modalidades distintas para la recaudación y posterior depósito del dinero, aunque el mecanismo vigente que implicaba que cada empleado tuviera un talonario y que los números entre turno y turno no sean correlativos persistió.
Así, en lugar de alquilar la balanza a un privado y poner personal propio para la cobranza, recaudación y depósito del dinero, habrá una empresa administradora que se ocupará de todo el proceso. Buscan, aseguraron en ese momento a este medio, “ver si un privado puede hacerlo mejor, más eficiente, más seguro”.
El jueves pasado ingresó formalmente al Concejo Deliberante el pedido del Ejecutivo para ser autorizado a llamar a la licitación. El plan es que la empresa transfiera todo lo recaudado —en 2019, último dato disponible, fueron casi 9 millones de pesos— y a cambio reciba una remuneración mensual.
La firma adjudicataria también deberá ocuparse de la custodia de vehículos incautados, compactación y disposición final una vez vencidos los plazos vigentes para el reclamo por parte de los propietarios.
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