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La sobrepoblación en cárceles bonaerenses alcanza su récord histórico

La Comisión provincial presentó su informe anual que dejó números alarmantes sobre la situación del sistema penitenciario, la violencia y torturas de las fuerzas de seguridad y las políticas de seguridad punitivistas y represivas. Durante la gestión de la Alianza Cambiemos se acentuó un paradigma que se lleva por delante vidas del mismo sector de la sociedad: pobres y jóvenes.

Se presentó el 13° informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre el sistema de encierro, las políticas de seguridad, salud mental y niñez de la provincia de Buenos Aires. El denominado“Informe anual 2019. El sistema de la crueldad XIII” fue presentado en la sala del anexo de la Cámara de Senadores provincial con la asistencia de más de mil personas y la presencia de referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Susana Méndez, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Dora Barrancos, Víctor De Genaro y el padre Pepe Di Paola, entre otros. El informe problematiza sobre la situación del sistema penal bonaerense, acerca de sus víctimas, de las causas y las consecuencias. En esta edición se remarcó el aumento de la sobrepoblación carcelaria en 2018 y el crecimiento de detenciones en sectores vulnerables de la sociedad como pobres, mujeres y niñes acusados por delitos menores.

Según el informe, que consta de más de 400 páginas, en 2018, en las cárceles bonaerenses la sobrepoblación alcanzó su récord histórico con 113%, 22 más que en 2018. Hay 50500 personas detenidas entre cárceles, alcaldías, comisarías, centros para jóvenes y neuropsiquiátricos. El sistema de encierro bonaerense es el más grande del país. En la gestión de María Eugenia Vidal se contabilizaron 15 mil nuevas personas privadas de su libertad.

Además de la superpoblación en cárceles, en comisarías el número es mucho mayor, hay un 311% de superpoblación. Hay que aclarar que estos establecimientos están prohibidos para la reclusión de personas. El informe remarcó que en 2018 murieron 18 personas en comisarías bonaerenses. En los últimos dos años esa cifra aumentó a 65 personas.

Otro dato importante que dejó la investigación realizada por el organismo que vela por los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, es que hasta diciembre del año pasado, se alojaban 42 mil personas dónde hay plazas para 20 mil personas. Eso establece que una de cada dos personas no tiene lugar para dormir. Las alcaldías por ejemplo tienen un 48% de superpoblación.

Además se abordó en el informe la violación a los derechos humanos de los reclusos a partir de la violencia que se ejerce por parte de los efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Según el trabajo de investigación, los hechos violentos del SPB ascendieron a 5563 dentro de los 61 centros de detención con 7150 víctimas. Entre estos casos se enmarcan las agresiones físicas entre personas, la represión penitenciaria y auto lesiones.

La situación en el servicio penitenciario tiene inmediata correspondencia con la política de seguridad desarrollada por el Estado. En la última gestión de Cambiemos se han profundizado prácticas que tienen una gran cantida de años. La estigamatización de poblaciones vulnerables y la política represiva del estado fue la carta blanca que usaron los funcionarios del gobierno. En el informe de la CPM se destaca que “La política de seguridad se sostiene por la saturación policial del territorio y el aumento de las detenciones en flagrancia como método de combatir el delito”. Además, se manifiesta que “Desde el gobierno se ha profundizado esta política. El intento de baja de imputabilidad a 15 años, la imputabilidad administrativa a cualquier edad, la protección a funcionarios policiales que cometen delitos, las compras de armas taser y el servicio Cívico Voluntario para jóvenes en vulnerabilidad lo demuestran”.

Entre otras cuestiones se trató los casos de torturas que desde el estado se realizaron en el último año. A propósito de esto el secretario de la CPM, Roberto García, manifestó “Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos provocó”. Y es qué sólo durante el 2018 se denunciaron 12 mil hechos de torturas, 339 personas murieron bajo custodia del Estado y otras 120 por uso letal de las fuerzas. Como ejemplo de este accionar los casos de las últimas horas con la policía de la Ciudad matando a un hombre en plena calle sin causa que lo justifiquen.

Otra forma de violación de los ddhh está vinculada a la estigmatización de diferentes sectores sociales que se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Extranjeros y jóvenes son víctimas de ello. Para los primeros no faltó discurso xenófobo que remarcaba que la inmigración es la causa del delito en nuestro país. Sin ir más lejos las declaraciones del candidato a vice presidente, Miguel Ángel Pichetto, quién manifestó “Hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen” y “Argentina recibe muchos delincuentes”. Sin embargo, las estadísticas desmienten el discurso oficial. De los 85000 personas detenidas en el sistema federal sólo el 4% son extranjeros. En la provincia de Buenos Aires la cantidad de inmigrantes detenidos es el 5 % y la mayoría es por narcomenudeo. Por lo cuál se desbarata el discurso que “inmigrar es igual que delito”.

Por otra parte, los jóvenes también sufren el abuso estatal y de las fuerzas. Fundamentalmente, si son pibes y pobres, mejor para está maquinaria perversa. En el 2018 el 13 % de la población detenida eran menores no punibles, menores de 16 años. Había 1484 jóvenes detenidos a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Dos tercios de los jóvenes judicializados están privados de la libertad. Además, sufren una superpoblación del 9%. Es decir, que la respuesta del estado para los jóvenes es la represión y la reclusión. Esto se verifica en datos fehacientes del presupuesto bonaerenese. El años pasado la cantidad destinada a seguridad fue 26 veces mayor a lo que se destina a niñez. Además, la justicia colabora en este sentido, el 90% de los jóvenes enjuiciados en la provincia fueron por juicio abreviado y con medidas extorsivas en el medio.

Tampoco hace distinción de género el sistema represivo penitenciario. La cantidad de mujeres detenidas subió un 18 % en el último año. Llegó a 2013 reclusas. El 51% de ellas en sobrepoblación. La población trans-travesti también aumentó un 36%. El 86% de estas está procesadas sin condenas. La sobrepoblación en este sector tuvo una variación del 57%. Es decir, 3 de 4 personas duermen en el piso o se turnan para dormir.

El sistema de atención sanitaria dentro de las unidades de reclusión de personas también se encuentra en un estado crítico. El año pasado se contabilizó 1857 casos de falta de atención o desatención de salud en centros de reclusión. La muerte dentro de las rejas es una circunstancia cada vez más habitual dada las características del sistema.

La problemática de violencia de las fuerzas también tuvo lugar en el informe. En 2018 hubo 379 casos de violencia policial. El 20% se dio durante la detención por parte de la policía, ya detenidas o en dependencias policiales, durante allanamientos irregulares y/o ilegales, en represión a la protesta social, todos casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estas cifras escalofriantes demarcan que hay un sistema que se chupa a las personas, no cumple las funciones que se propone y termina arruinado vidas. El informe demuestra que este sistema está crujiendo y que las víctimas siempre las pone el mismo lado de la sociedad, los más vulnerables.

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