Los 35 allanamientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a pedido de una fiscal federal en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvarez, Acebal y la ciudad de Salta apunta a desarmar una organización criminal integrada por unas 20 personas, entre ellos varios empresarios, que se dedica al lavado de activos. Varias de esas personas fueron detenidas en estos operativos, en los que la PSA también incautó sumas cuantiosas de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.
Los procedimientos son parte de una investigación que se inició hace tres años y es encabezada por la fiscal federal Adriana Saccone y tienen bajo la lupa una cantidad impresionante de bienes que al parecer eran utilizados por los sospechosos para blanquear dinero sucio e ingresarlo al circuito legal.
Entre esos bienes, que la Justicia Federal ordenó embargar, hay 19 inmuebles, dos embarcaciones e incluso posiblemente una tercera y al menos 79 vehículos, según un documento judicial al que tuvo acceso La Capital.
Los allanamientos ordenados por la Justicia Federal a pedido de Saccone incluyen 40 domicilios, buena parte de ellos en Rosario y en las otras tres localidades ubicadas en su zona metropolitana.
Por lo que pudo saber este diario, hasta hace un rato había cinco personas detenidas, unos 25 vehículos embargados, más de 70 teléfonos celulares incautados y entre 20 y 25 computadoras.
En el documento en el que solicita las órdenes de allanamiento la fiscal federal precisó con detalles cuáles fueron a su criterio las operaciones realizadas por esta organización criminal para poner en circulación el dinero ilícito en bienes y servicios, y también las operaciones de conversión de moneda extranjera y el gravamen de inmuebles.
En la investigación que disparó estos operativos habría incluso grabaciones en las que las personas sospechadas de integrar esta organización hablan de los bienes involucrados en estas operaciones delictivas.
La pesquisa tiene al menos dos informes técnicos en los que se describen las maniobras, uno de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) del Ministerio Público Fiscal y otro de la División Apoyo Técnico Profesional de la Prefectura Naval Argentina.
También incluye varios informes realizados por la propia Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo de seguridad encargado de realizar los operativos de este viernes en Rosario y otras cuatro localidades.
De acuerdo a la información obtenida por este diario, las personas bajo sospecha son 20. Al menos tres se distinguen por su condición de empresarios y si bien no todos cuentan con un patrimonio que pudiera despertar sospechas sobre su participación en operaciones de lavado de activos, los investigadores tienen evidencia de que integran la organización. Lo habrían hecho en calidad de intermediarios, un eslabón indispensable en la cadena de operaciones para lavar activos.
Entre los 20 sospechosos, varios de ellos ahora detenidos, destacan al menos dos: Norberto Carlos D. y Matías José Angel M., según se desprende de algunos documentos judiciales. De acuerdo a esos datos, son socios y amigos.
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