Un estudio reciente llevado a cabo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) arrojo luz sobre la efectividad parcial de la Ley N° 27.279 en nuestra ciudad, en lo que respecta a la gestión de envases vacíos de fitosanitarios.
A pesar de que la normativa establece los lineamientos para una gestión responsable de estos envases, los resultados muestran que el cumplimiento es solo parcial.
El trabajo, liderado por la reciente egresada Sofía Bayley, se centró en examinar el grado de cumplimiento de la ley en el Partido de Pergamino, una región agrícola clave en la provincia de Buenos Aires.
A través de más de 20 entrevistas con diversos actores involucrados en el tema, desde productores hasta profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y grupos ambientalistas, se evaluó la implementación de la normativa y sus impactos en el terreno.
Según Bayley, aunque existen aspectos positivos en la aplicación de la ley, como el funcionamiento del sistema de gestión y el crecimiento de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en la región, aún persisten prácticas inadecuadas con los envases.
Entre estas prácticas se incluyen la quema, el entierro y la comercialización informal de los envases, así como el uso incorrecto de los mismos para almacenar líquidos o incluso como recipientes de comida para animales.
Uno de los hallazgos más destacados del estudio es la diversidad de opiniones respecto a la norma. Mientras algunos actores abogan por incentivos para el cumplimiento y una mayor conciencia sobre la importancia de la gestión adecuada de los envases, otros muestran falta de conocimiento sobre la normativa o incluso la desestiman debido a la percepción de una escasa aplicación de controles.
El profesor Javier Souza Casadinho, director del trabajo de Bayley, enfatizó la necesidad de mejorar la difusión de la ley, así como de capacitar y sensibilizar a los actores involucrados, especialmente a los productores y a los tomadores de decisiones locales.
Además, sugirió la habilitación de más CAT y nodos logísticos para facilitar la entrega de envases, y propuso que las empresas de agroquímicos asuman una mayor responsabilidad en el retiro de los mismos de los campos.
En última instancia, el estudio destaca la percepción generalizada de que la ley es necesaria para proteger el ambiente y la salud, y ofrece herramientas para abordar las tensiones entre los intereses productivos y la protección ambiental.
Sin embargo, queda claro que se requieren esfuerzos adicionales para garantizar un cumplimiento efectivo y completo de la normativa en Pergamino y otras regiones agrícolas similares.
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