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Un conflicto social se resuelve con políticas públicas: ¿Eran necesarios 62 días?

Memo García Por Memo García | 25 de Octubre de 2020

Esa normalidad que nos arrebató la pandemia casi sin avisar, es otra vez una realidad en la Plaza Merced.

Las carpas y las banderas ya no forman parte de un paisaje que durante 62 días modificó la postal de la principal plaza de la ciudad.

Un grupo de 20 familias en situación de calle, con el apoyo de organizaciones sociales, reclamaban a las autoridades municipales la solución del acceso a una vivienda. Era simplemente eso: un reclamo.

Empezó el 24 de agosto y hasta el viernes fue un proceso intenso y de sucesos especiales, inclusive con intervención de la Justicia.  

Un intendente responsabilizando a la Provincia y también a la Nación, pidiéndole al oficialismo que se ocupe de liberar la Plaza, como si sucediera en otra ciudad. Cruce de acusaciones. Corte de rutas. Solicitud de desalojo. No era más que un conflicto social que debió resolverse mucho antes con la aplicación de políticas públicas.

Pero también está claro que cuando no hay un plan brota la improvisación. En parte es una confesión cuando se repasan estos 62 días de no hacerse cargo, críticas, denuncia judicial y de “negociación”.

Eso pasaron: 62 días para llegar a un acuerdo. Fueron más de dos meses de un acampe frente al Palacio Municipal para firmar un convenio, en las condiciones que se rubricó. Demasiado tiempo para todo. Y todos. Para dar respuesta a una protesta social, a un acampe en la Plaza más simbólica de la ciudad, a las necesidades de 20 familias y también al otro reclamo: al de los muchos vecinos que pretendían un espacio público liberado y en condiciones normales, como estaban acostumbrados. Demasiado tiempo para resolver un problema político, que exigía política. Demasiado tiempo para darle a quienes reclamaban, lo que se le terminó brindando.

Es la política la mayor deuda pendiente con cada historia visible o invisible de necesidades básicas, que acumulan décadas sin resolver. Tiene que ser la política y el buen ejercicio de ésta, quien definitivamente garantice el derecho de las personas: de las que necesitan un lugar para vivir y de las que procuran una plaza en estado puro.

El origen de nuestros problemas políticos reside en el hecho de que la democracia necesita actores que ella misma es incapaz de producir.

Están quienes toman decisiones de riesgo, organizan, disponen medidas, se reúnen, consultan, vuelven a tomar medidas, que tendrán consecuencias y efectos de los que serán responsables. Es decir, de “los políticos” cuyas acciones dependen de la orientación ideológica y de los principios éticos que representan y por los que, mal que bien, deberán rendir cuentas en procesos democráticos.

La antipolítica que se expresa en las propuestas oportunistas  y en la crítica ramplona de los que buscan evitar ser responsables, confunde a las instituciones del Estado y a los agentes que encarnan la política pública. Pero lo más grave de la antipolítica es el riesgo de autoritarismo y del sálvese quien pueda que ella conlleva. Una ideología que no es patrimonio de los pergaminenses, ni de los bonaerenses y mucho menos de los argentinos sino propia de esa cultura neoliberal global que infiltra y envilece los comportamientos.

 

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