Salud mental: el problema que la reforma no resuelve

22 de Septiembre de 2026 | Marcos Carini

La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, promueve la atención a cargo de equipos interdisciplinarios y una red comunitaria de servicios y apoyos cercanos a las personas que atraviesan un padecimiento. Cuando una internación resulta necesaria, establece que se realice en hospitales generales, públicos o privados, y que no sea la única respuesta al padecimiento.

El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto que modifica más de veinte artículos de esa ley, y la discusión sigue abierta en el Congreso. En mayo, luego de que el proyecto de reforma ingresara al Senado, señalé que la ley vigente no fracasó por sus principios sino por no haber sido implementada. Cuatro meses después, con el debate ya en comisiones, las provincias se suman oficialmente a las muchas voces que vienen señalando el mismo problema: la ley vigente no ha sido implementada.

La discusión sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental sumó un hecho que no debería pasar inadvertido. El 15 de septiembre, las autoridades sanitarias provinciales debatieron durante seis horas con el Ministro de Salud de la Nación en el COFESA (el organismo que reúne a los ministros de salud de todas las provincias). Días después, referentes de salud mental de trece provincias difundieron una declaración: expresaron su desacuerdo con puntos centrales de la nueva versión del proyecto y advirtieron que la comunicación oficial posterior a la reunión había omitido esas objeciones.

No es un planteo que apareció de golpe. A fines de agosto se presentó en el Senado el Segundo Informe Federal de Salud Mental, elaborado con información de catorce jurisdicciones donde vive más del 70 por ciento de la población argentina. Allí se describió el crecimiento de la demanda por problemas de salud mental, las dificultades para completar los equipos y la presión sobre los servicios públicos. La declaración posterior al COFESA continúa ese reclamo. Leída en conjunto con lo que vienen planteando las provincias desde hace meses, la respuesta exige recursos, organización y una política federal, no una nueva ley.

Los legisladores que impulsan la reforma se encuentran frente a un contexto complejo que todos vemos: el aumento sostenido de indicadores de salud mental, entre ellos las tasas de suicidio, alimenta la sensación de urgencia. El problema es dónde parecen buscar la respuesta. Concentrar la decisión en una sola especialidad o facilitar las internaciones no aporta ninguna solución a la epidemia de problemáticas de salud mental, no reduce las tasas de suicidio ni amplía el acceso al sistema de salud.

Uno de los desacuerdos provinciales señala el quiebre del trabajo interdisciplinario en el tratamiento y la internación voluntaria o involuntaria: el proyecto le da supremacía a la intervención médica o psiquiátrica sobre el resto del equipo, un retroceso a una modalidad ya superada. No se discute aquí la importancia ni las incumbencias específicas de la medicina, indispensables para una atención integral. Lo que se cuestiona es que la redacción propuesta convierta su presencia en un requisito del cual dependa la actuación del conjunto del equipo. Este criterio recupera una organización jerárquica propia de etapas anteriores del campo de la salud mental y desconoce el desarrollo y la incorporación de otros saberes profesionales. En los hechos, rompe con la interdisciplina que sostienen tanto la ley vigente como un consenso internacional construido durante más de tres décadas en la región.

A ello se suma una dificultad concreta: según el relevamiento citado en la declaración, el país cuenta con 4,28 psiquiatras cada cien mil habitantes, frente a los 7 que la declaración atribuye como referencia a la OMS. En amplias regiones del país, convertir su presencia en una condición obligatoria puede demorar aún más o impedir la atención que el propio proyecto afirma querer facilitar.

Sobre las instituciones de internación, el documento es explícito: “Permite la creación de nuevas clínicas o centros monovalentes especializados en Salud mental (los llamados monovalentes) en sentido opuesto a la perspectiva internacional que sostienen el crecimiento de la respuesta a internación en salud mental en hospitales generales, adecuando los mismos.”

Esta medida solo favorecerá la creación de dispositivos privados, costosos e inaccesibles para la mayor parte de la población.

Las provincias también señalaron la imprecisión del nuevo papel asignado a la Justicia, las exigencias impuestas a las familias para concretar altas de internaciones involuntarias y la exclusión de las personas usuarias del Órgano de Revisión (el organismo que controla que las internaciones no violen derechos). Esos cambios afectan quién decide, quién controla y qué posibilidades reales tiene una persona de recibir atención sin perder sus derechos.

Insisto: la falta de implementación de la ley vigente no es un detalle, es la causa central del problema que la reforma dice querer resolver. Una norma no abre por sí sola un centro de día, ni forma equipos en los barrios, ni garantiza una cama en un hospital general, para eso hacen falta inversión y continuidad de gestión.

Esto no supone negar las dificultades que encuentran las familias o los equipos cuando una persona atraviesa una crisis de salud mental. La cuestión es discutir soluciones que puedan funcionar. Ampliar las posibilidades de internación sin ampliar la red de atención terminará ofreciendo como única respuesta una cama, cuando lo que se necesita es un recorrido de cuidados antes, durante y después de la crisis. Y si esa respuesta crece casi exclusivamente en instituciones privadas, ya que nada permite prever mayor financiamiento público, sino todo lo contrario, la pregunta es inevitable: ¿quién podrá acceder a ella? ¿De qué manera se planifica ayudar al resto de la población que padece y no puede pagar?

En el COFESA hubo, además, un pedido unánime: recuperar el Consejo Federal de Salud Mental, COFESAMA, el consejo federal específico de salud mental que había quedado inactivo, y construir un plan acorde con la situación actual.

La reforma sigue en debate en el Senado. Todavía hay tiempo para atender lo que están diciendo quienes sostienen los servicios de salud mental en los territorios. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿queremos fortalecer un sistema accesible, de calidad, interdisciplinario y cercano a las personas, o desplazar la respuesta hacia la internación y la capacidad de pago?

Cambiar la ley sin responder esa pregunta ni pensar en las consecuencias y sin poner los recursos necesarios no resolverá el problema. Y, como ya he señalado, los zigzagueos en las políticas públicas tienen consecuencias directas en la salud de toda la población, tanto de quienes acuden al sistema público como de quienes cuentan con obra social o cobertura privada.

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