“Una aduana interior”: la Cámara de Comercio se sumó a los rechazos contra la Tasa de Tránsito Pesado en Ramallo

La CAC respaldó a FADEEAC y cuestionó los cobros generalizados de hasta $37.000 a los camiones.
23 de Septiembre de 2026 | Primera Plana

La polémica por el sistema de cobro al tránsito pesado en Ramallo sumó este martes a un nuevo sector empresario. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cuestionó el esquema implementado por el Municipio y sostuvo que, por las características del acceso, funciona en la práctica como “una aduana interior y un peaje municipal encubierto”.

La entidad se sumó así al reclamo que ya había iniciado la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que cuestionó la legalidad de los cobros y pidió su suspensión. El conflicto gira alrededor de los pórticos tecnológicos instalados sobre el ex Camino Provincial Ruta 87, en el acceso a Sánchez.

Desde el Municipio que conduce el intendente Mauro Poletti , en tanto, rechazaron que se trate de una nueva tasa y explicaron que la Tasa de Tránsito Pesado está vigente desde 2002. Además, aseguraron que el importe correspondiente al ingreso es de $25.000, frente a los montos de hasta $37.000 denunciados por las entidades empresarias.

La CAC habló de una aduana o peaje encubierto

El planteo de la Cámara de Comercio apunta especialmente a las características del corredor sobre el que se implementó el sistema.

Según la entidad, se trata de una arteria de unos 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás y que no cuenta con caminos alternativos para el ingreso y egreso del tránsito pesado.

Por esa razón, la CAC considera que el cobro termina funcionando como una barrera obligatoria para los camiones que necesitan acceder al sector industrial y portuario.

“Al no existir rutas o caminos alternativos de ingreso ni egreso para el tránsito pesado, la medida opera en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto”, sostuvo la entidad empresaria.

La Cámara también cuestionó la relación entre el monto exigido y la extensión del tramo vial, al considerar que genera un costo por kilómetro que, según su planteo, supera las tarifas de otros corredores viales y puentes interjurisdiccionales.

La respuesta de Ramallo: “No es una nueva tasa”

El Municipio había salido al cruce de los primeros cuestionamientos con una explicación diferente sobre el origen del cobro.

La administración de Mauro Poletti sostiene que la Tasa de Tránsito Pesado no fue creada ahora, sino que está vigente desde 2002. Hasta la implementación del nuevo sistema, según explicó el Ejecutivo, era abonada por determinadas empresas radicadas en el distrito.

La modificación consiste, de acuerdo con la versión oficial, en extender su aplicación a todo el tránsito pesado que ingrese al Partido de Ramallo mediante el sistema de pórticos y TAG.

El Municipio también negó que exista un doble cobro. Según su explicación, el pago por ingreso reemplaza el importe que anteriormente se abonaba directamente en las playas de las plantas industriales.

La discusión por los $25.000 y los $37.000

Uno de los puntos que atraviesa el conflicto es el monto. La CAC hizo referencia a tarifas de hasta $37.000 por pesaje dinámico y otros $25.000 adicionales por el ingreso a predios. Esa descripción coincide con el planteo empresario que cuestiona el sistema como un esquema de cobros acumulativos.

El Municipio, en cambio, sostiene que la tasa de ingreso es de $25.000 y niega que el transportista deba afrontar dos tasas por la misma operación.

La diferencia no es menor porque constituye uno de los principales puntos de discusión entre las cámaras empresarias y el Ejecutivo municipal: mientras las primeras describen un esquema de costos que puede alcanzar los $37.000, Ramallo sostiene que el tributo que aplica por el ingreso tiene un valor de $25.000.

El reclamo ahora llegó a Nación y Provincia

La CAC respaldó las acciones administrativas y judiciales iniciadas por FADEEAC y reclamó la intervención del Ministerio de Economía de la Nación y de las autoridades provinciales para suspender el sistema.

El planteo de la entidad no se limita al caso Ramallo. La Cámara viene cuestionando distintos mecanismos de recaudación municipal y provincial que, según sostiene, agregan costos al movimiento de mercaderías y terminan impactando sobre la actividad comercial.

En ese marco, la CAC volvió a poner como ejemplo los regímenes de recaudación aplicados por Misiones sobre las cargas que atraviesan la provincia, a los que calificó como “aduanas interiores”.

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