El pasado miércoles, el intendente municipal Manuel Passaglia denunció penalmente al fiscal federal Matías Di Lello por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” (Ver acá: bit.ly/2WJVk5P). La denuncia generó revuelo, no solo porque un intendente denunció penalmente a un fiscal de la nación por “poner en riesgo la salud de los nicoleños” (palabras del propio Passaglia), sino porque se trata nada más y nada menos del único fiscal que investigó e investiga a la familia Passaglia por corrupción, lavado de activos y malversación de fondos públicos.
En exclusivo, NOBA pudo acceder a un informe del Poder Judicial de la Nación, elaborado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En el mismo se detalla el accionar de cada uno de los juzgados y fiscalías de la jurisdicción (dentro de la que se encuentra San Nicolás), enumerando causas iniciadas y tareas realizadas desde el comienzo de la Feria Extraordinaria el pasado 16 de marzo.
Según se extrae del documento, en el Juzgado Federal N°2 de nuestra ciudad se iniciaron más de 4000 causas por presuntas violaciones al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo. Este dato elocuente y objetivo, desestima la acusación de Passaglia, quien sostuvo que el Fiscal Di Lello “no cumplió con los procedimientos necesarios para garantizar el acatamiento del Aislamiento Social y Obligatorio, la cuál es su función”. La función propia de un fiscal de la nación es defender los intereses generales de la sociedad a través de la persecución de delitos, como bien consagra nuestra carta magna en su artículo 120. Las 4000 causas iniciadas, demuestran que el fiscal ha actuado en consonancia.
Por otra parte, en el documento se detalla que también se continuó trabajando en la investigación de otros delitos. “En virtud de investigaciones en trámite llevadas a cabo por la fiscalía, también se ordenaron intervenciones de comunicaciones telefónicas, allanamientos, requisas y detenciones, en su mayoría por violación a la ley 23.737, por infracción a la ley 24.051 y el domingo 26 de abril desde la madrugada se convocó personal por un presunto caso de secuestro extorsivo”, expresa el informe.
Por último, se explicita el trabajo en conjunto entre el juzgado, la fiscalía y las fuerzas de seguridad locales, con quienes se establecieron los pasos a seguir con el importante número de vehículos incautados producto de la violación del aislamiento social.
Este informe, deja en evidencia las inconsistencias que acarrea la acusación efectuada por el intendente: el fiscal actuó y persiguió a aquellos que incumplieron con el aislamiento social. La denuncia, queda reducida a lo que fue desde un principio: un nuevo amedrentamiento contra la justicia que investiga a la familia Passaglia.
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