El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás libró una orden de presentación urgente al Municipio para que entregue toda la documentación referente a la máquina de fumigación agrícola, conocida como “mosquito”, que durante la tarde del sábado pulverizó las principales avenidas y sector céntrico de Pergamino.
Al hacer lugar a un pedido de la Fiscalía Federal, el juez Carlos Villafuerte Ruzo dispuso también la inmediata presentación de la documentación relacionada con el trámite administrativo que autorizó la fumigación en la ciudad, en virtud de la problemática que sufre Pergamino por las conocidas cuestiones de contaminación ambiental.
La solicitud del fiscal Matías Felipe Di Lello contempla, entre otros registros, la identidad del operario que estuvo al mando del “mosquito”, matricula, procedimiento de limpieza de la maquinara y principalmente, el original de la receta confeccionada para la pulverización. También la documentación del propietario del “mosquito” y el lugar físico en que se encuentra.
El magistrado además instruyó a la Policía Federal Argentina para la realización de distintas averiguaciones relacionadas con la decisión de la Municipalidad de fumigar en plena ciudad.
La diligencia se cumplió a primera hora de la tarde, con efectivos de la Subdelegación Pergamino de la Policía Federal Argentina, en el Palacio Municipal.
La Justicia Federal quiere constatar si las autoridades municipales tomaron los recaudos necesarios para desarrollar este tipo de prácticas en el ejido urbano, atento a la investigación en marcha referente a la causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S/INFRACCION al Artículo Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”.
Desde marzo del año pasado, Pergamino no abandona su lugar protagónico sobre asuntos relacionados a la contaminación ambiental, pese a la intervención de la Justicia Federal.
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El juez Villafuerte Ruzo tomó diversas medidas desde abril de 2019, ordenando en principio la suspensión urgente de las fumigaciones en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad y puso como distancia de las zonas urbanas los 600 metros. Además, exhortó al Municipio a dejar de autorizar nuevas aplicaciones.
En septiembre, sin embargo, definió una nueva y más poderosa restricción para la utilización de estos productos: prohibió pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de nuestra ciudad ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea. Fue luego que se agregarán a la causa los estudios que muestran el daño genético en la familia de Sabrina Ortíz, en donde diferentes constancias de especialistas sugerían una distancia superior a los 1.000 metros para fumigar y no afectar a la salud.
A fines de octubre, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás dictó el auto de procesamiento de tres productores de los cuatro productores imputados en la causa Nro. FRO 70087/2018, por considerarlos “prima facie” coautores penalmente responsables (Art. Nº 45) del delito de Contaminación Ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, ilicíto previsto y penado en el Art. Nº 55 de la Ley Nº 24.051, en forma continuada, en función del Art. Nº 200 del Código Penal.
Además, dispuso el embargo de los bienes de los productores hasta cubrir la suma de 3 millones de pesos.
Por otro lado, a mediados de noviembre, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo al propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, a un ingeniero agrónomo y arrendatario del campo y a un empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”.
En concreto, el hecho que se les imputó fue la aplicación de agroquímicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
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