La Fiscalía provincial abrió una investigación penal para tratar de esclarecer el sabotaje al muelle público que construye el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro) en la zona de islas Sabino Corsi, conocida como Banquito San Andrés, donde el fin de semana cortaron seis pilotes de los 16 que se habían instalado para sostener la estructura de 50 metros. En ese marco, el organismo advirtió a la Justicia que hay paradores usurpando tierras fiscales que explotan actividad sin adecuarse a las reglamentaciones, a los que notificó para que regularicen la situación, y denunció que hay unas 50 viviendas consolidadas en terrenos públicos.
“No vamos a competir con nadie, no vamos a poner un parador. Se trata de un muelle y oficina modular con médicos, seguridad, información turística , wi fi, servicios para que la gente pueda llegar a la isla y disfrutar de forma segura. Nos hicimos cargo de algo olvidado, que forma parte del territorio santafesino y queremos reordenar. Pero no será fácil, porque evidentemente se genera alguna molestia”, admitió el presidente del Enapro, Guillermo Miguel.
Tras el anuncio de la construcción del muelle de 50 metros, se sumó otro trabajo que viene desplegando el organismo: las notificaciones a cerca de 50 viviendas y paradores de playa para que sus titulares informen en qué situación ocuparon los lotes.
Cabe recordar que en el Banquito hay además varios paradores de playa con servicios gastronómicos, espacios recreativos y un muelle precario que funciona hace años como destino del barco Delta Queen, que sale de la Estación Fluvial con destinos a varios puntos isleños.
El proyecto del Enapro es hacer un efectivo control de las tierras que pertenecen a Santa Fe a partir de la ley 22.067, que fijó límites definitivos con la provincia de Entre Ríos, y quedaron bajo jurisdicción y catastro de la Municipalidad de Rosario, y el Enapro como custodio.
La vandalización del muelle fue detectada el viernes pasado, mientras el encargado de la concesionaria de La Fluvial y autoridades del Enapro realizaban una recorrida por la zona en una lancha particular con representantes de una firma interesada en prestar el servicio de cruce de pasajeros a las islas. El nuevo muelle está emplazado sobre el margen oeste de la isla Sabino Corsi, desde el límite del parado Punta Arenas, unos 20 metros al sur.
Luego de la presentación en Prefectura, el Enapro informó a la Fiscalía Regional, que abrió un legajo para tratar de esclarecer un hecho claramente intencional. En ese escrito también se dejó constancia que en la zona hay “paradores usurpando tierra fiscales de Santa Fe, que explotan actividad gastronómica sin adecuarse a la reglamentaciones de higiene y seguridad, fiscales o tributarias vigentes”.
En ese sentido, se puso en conocimiento de la justicia que entre agosto y septiembre de 2020 se notificó por medio de escribano público a los usurpadores de los terrenos fiscales, también cerca de 50 viviendas consolidadas, para que concurran ante ese organismo a los efectos de acreditar la tenencia y/o posesión de la tierra.
Además, aclaró que la construcción del muelle obedece a una cuestión de “estricta seguridad para las personas que hacen uso del servicio público de transporte fluvial, ya que ninguno de los otros muelles que se encuentran emplazados en el lugar logran acreditar cuestiones mínimas de higiene y seguridad, como tampoco autorización y aprobación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables” del Ministerio de Transporte de la Nación.
“Vamos a demorar un poco más, además tenemos que hacer una reinversión, pero hay que redoblar esfuerzos y poner toda la voluntad para terminar el muelle en el menor tiempo posible. Algo importante de aclarar es que no vamos a competir con nadie ni contra los paradores que están allí, se trata de un muelle seguro para la gente”, destacó el titular del Enapro.
“Acá no se trata de impedir que trabajen los paradores, pero es claro que se instalaron en un lugar donde decretan que son dueños, y no es así, lo mismo pasa con los muelles, que no cuentan con aprobación oficial”, destacó Miguel.
La llegada al Banquito de los organismos oficiales con la oficina del Enapro parece abrir varios conflictos impensados. La idea de ordenar y detener la ocupación de tierras que son de dominio público por parte de personas que construyeron sólidas viviendas, y no precisamente por déficit habitacional, y los paradores que se instalaron con fines de explotación comercial, parece haber rozado intereses que se ponen en evidencia en los daños a los pilotes del futuro muelle público, situación que ya está en manos de la Fiscalía.
El banquito San Andrés tendrá un sistema de monitoreo con cuatro cámaras que se instalará en los próximos días. Toda una novedad que apunta a mantener cierto control sobre el lugar y a brindar herramientas a la hora de registrar situaciones como accidentes o siniestros, y también advertir sobre la permanentes quemas de pastizales. Ya se firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, que podrá monitorear las cámaras en tiempo real.
“Es una herramienta valiosa también para el Plan de Manejo del Fuego. Permitirá actuar más rápido en caso de detectarse un foco de incendio donde el tiempo es fundamental, además de aportar elementos para las investigaciones judiciales”, se indicó. Los dispositivos mirarán hacia el canal oriental, sector que está detrás de la zona visible de playas.
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