La noche de ayer era muy distinta a la que fue durante los últimos 61 días en la Plaza Merced. Volvió la normalidad. Ya no están las carpas que ocupaban 20 familias en situación de calle y que le reclamaban al Municipio un lugar para vivir.
Después de muchas idas y vueltas, un pedido de desalojo de un fiscal, que fue rechazada por un juez y cuando 24 horas antes el mismo intendente municipal, Javier Martínez afirmó que el modo de reclamar de los campitas “no es la forma”, ayer el acampe terminó.
Las personas que ocupaban las carpas frente al Palacio Municipal desde el 24 de agosto abandonaron el lugar y fueron relocalizadas.
La Municipalidad hizo lugar finalmente al pedido de las familias y las organizaciones sociales y acordó hacerse cargo del alquiler o bien entregar durante los próximos 6 meses subsidios, prorrogable por 6 meses más, para abonar precisamente los alquileres de las viviendas para las 20 familias que protagonizaron la protesta.
Mientras tanto, el Gobierno local también se comprometió a entregar terrenos a cada una de las familias, en un convenio homologado por la Defensoría Oficial del Departamento Judicial Pergamino.
“Si durante esos 6 meses o los siguientes 6 de la prórroga, el Municipio va entregando los terrenos que las familias necesitan, los subsidios quedan sin efecto porque la gente ya tendrá su lugar para radicarse”, explicó Enrique Schierloh, uno de los referentes del Observatorio Popular del Comité de Crisis, a PRIMERA PLANA.
Schierloh sostuvo que el Ejecutivo Municipal cambió su postura después del corte de rutas del 8 de octubre, a la altura del Segundo Cruce de Caminos. “Recién ahí nos convocaron al dialogo y mostraron voluntad política con algunos ofrecimientos”, agregó.
No obstante, el dirigente aclaró que haber dejado la Plaza Merced “no implica ni la finalización del conflicto ni del reclamo. La primera parte era lo urgente. Ahora seguimos discutiendo el tema de la tierra para éstas familias y fundamentalmente el cumplimiento de la Ley Nº 14.449, que es la cuestión de fondo”.
Una de las primeras respuestas del Municipio fue aceptar la propuesta de las organizaciones sociales para conformar la Mesa de Hábitat de Pergamino, que el martes tuvo su segunda reunión preparatoria y contó con la participación de Pablo Masciángelo, coordinador provincial de Consejos de Hábitat, referentes de las organizaciones sociales, profesionales y miembros del Ejecutivo.
“Ahora queremos empezar a instalar sobre las tierras. No puede ocurrir que los pergaminenses nos tengamos que resignar mansamente a aceptar a vivir toda una vida alquilando o terminar construyendo la casa atrás o arriba de la de nuestros viejos o en el peor de los casos terminar viviendo en un asentamiento popular”, reclamó Enrique Schierloh.
El representante del Observatorio Popular del Comité de Crisis le dijo a PRIMERA PLANA que “si los pergaminenses no tomamos los temas de fondo, lo ponemos arriba de la mesa y comenzamos a discutirlo, estamos todos condenados.
“Hay que dar la pelea, discutir el tema porque no puede ocurrir que en Pergamino una hectárea vale 20 mil dólares y si de una salen 22 terrenos, cada uno cuesta 900 ó 1000 dólares” y se preguntó: “¿Porque me quieren cobrar 20 mil dólares si vale 1000? ¿Quién se queda con plata en el medio? ¿Qué intereses económicos ahí del mundo financiero, inmobiliario o de un par de escribanías de la ciudad con cierto arraigo en la política local? Y digo esto porque la política tiene mucho para decir sobre este tema”.
Schierloh señaló que “en ese escenario nos tienen a todos los pergaminenses de rehenes y pareciera que nos quieren condenar a todos”.
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