Dos canillas. Por dos canillas, A.A., de 20 años, estuvo detenido en la alcaidía de Tribunales durante tres días y fue sometido a un proceso judicial que duró casi un mes. Dos canillas que este chatarrero robó de un convento en Capital Federal y que, explicó -primero a los policías que lo apresaron y después a la jueza que lo procesó-, eran para vender y juntar 500 pesos que le iban a servir para comprar medicamentos para sus hijos, que sufren de problemas bronquiales.
El joven (su identidad se preserva por pedido suyo) es un caso más que llena estadísticas de detenciones en casos de flagrancia; historias de actuaciones policiales contra personas, casi siempre indigentes, que cometen robos o hurtos menores sin violencia ni armas, que terminan en calabozos, hacinadas durante algunos días, hasta que son generalmente sobreseídas o con condenas bajas. Una problemática que combina la miseria, la necesidad, la política carcelaria deficiente y, de alguna manera, un enfrentamiento entre dos víctimas, el que roba por desesperación y el que es robado.
A.A. había salido de su casa en Laferrere, La Matanza, muy temprano esa mañana del 17 de junio. No tenía en ese momento (ni tiene aún) un empleo formal. Cuando lo llaman, trabaja en la feria La Salada de bagayero, es decir, lleva bultos de un lado al otro. Si no recibe el aviso, sale a juntar objetos que pueda revender: desde bronce hasta ropa, lo que sea.
Sin antecedentes, con primario completo, A. expone lo que junta en los clubes de trueque de su barrio, o en el puesto de su cuñado en La Salada. Con lo que recauda cada día compra comida para sus dos hijos.
Durante el proceso judicial en su contra, la Justicia intentó corroborar el fallecimiento de su esposa pero no pudo. No hay constancia de defunción. Cuando estaba en el calabozo de la comisaría, el joven lloró cuando explicó esta historia.
En la guardia le recetaron salbutamol y otro medicamento en polvo para la tos. Para comprar el primero A. recurrió al padre de la mamá de sus hijos, con quien vive, en una casa muy modesta. El hombre cobra un plan social y le dio el dinero necesario. Pero no le alcanzó para comprar el polvo. Ese fin de semana, mientras esperaba para saber cómo evolucionaba la niña, A. fue a La Salada a vender lo que le quedaba.
El domingo a la noche su hija aún no mejoraba y el padre del acusado le sugirió ir a comprar el polvo. Al día siguiente se levantó temprano y fue a juntar metales a Capital Federal.
A la tarde, A.A ya estaba detenido.
Su familia recién se enteró que el joven estaba en una celda el miércoles, cuando lo liberaron.
De la vergüenza, A. les dijo que se había encontrado un celular que tenía geolocalización, que lo acusaron de haberlo robado y que lo liberaron cuando apareció el dueño y le dijo a la fiscal del caso que él no había sido.
A.A. es un número en las últimas estadísticas de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16 a cargo de Mónica Cuñarro, que da cuenta de cómo afecta a la Justicia la detención de personas en procedimientos de flagrancia, aplicado para delitos dolosos cuya pena máxima no supere los 15 años. Según fuentes de la Policía de la Ciudad en un encuentro reciente con la prensa, 11 mil personas fueron arrestadas en los primeros seis meses de 2019 por la fuerza porteña.
Según detalla un informe confeccionado por esta fiscalía sobre los casos que tuvieron durante su turno entre junio de 2018 y el mes pasado, la mayoría son delitos sin armas, robos y hurtos pequeños, de celulares u objetos que se revenden, o comida, consumados o en grado de tentativa.
A.A. robó las canillas del convento de las Hermanas Adoratrices, ubicado sobre la calle Malvinas Argentinas, en el barrio de Flores. Una de las monjas confirmó a Infobae el episodio. Y relató que enseguida repusieron los objetos, que ellas usan para conectar mangueras y limpiar las veredas. El valor de cada canilla, según estimó la Policía de la Ciudad en el informe del robo, es de 250 pesos.
Cerca de las 16.30 el joven tomó las canillas del convento y las guardó en una bolsa y siguió su marcha. Pero una mujer observó lo que A.A. estaba haciendo y avisó a dos efectivos de la Policía de la Ciudad quienes estaban apostados en la esquina de Malvinas Argentinas y Alberdi.
Los policías rápidamente encontraron al ladrón. Se dieron cuenta que era él porque notaron cómo se puso nervioso y comenzó a mirar a sus lados. Le secuestraron la bolsa. Tenía nueve canillas.
La defensa relató los hechos ante la jueza Alejandra Provítola y pidió producir nueva prueba. Buscó determinar si el acusado se encontraba en estado de necesidad y, de esa manera, conseguir la exculpación.
La fiscalía a cargo de Cuñarro adhirió al planteo y la jueza dispuso recabar la historia clínica de la mujer fallecida y la de la hija enfermo y solicitar la receta o la caja de los remedios.
En una audiencia celebrada tres semanas más tarde, las pruebas se incorporaron al expediente, excepto el certificado de defunción de la mujer de A.A. Su muerte es un misterio. Cuñarro finalmente pidió el sobreseimiento por insignificancia y el defensor oficial del joven adhirió.
Provítola decidió el sobreseimiento. A.A tuvo suerte: según el informe de Cuñarro, apenas el 9% del total de detenidos en procedimientos de flagrancia obtiene esta resolución.
A.A. se volvió a su casa. Su abogado oficial volvió a cargarle dinero en la SUBE.
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