Si lo he dicho, no me acuerdo: el silencio que aturde

Había expectativas. Siempre una apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante las genera.

También había motivos reales. La noche del domingo 27 de octubre, cuando fue reelecto, el intendente Javier Martínez anunció una urgente convocatoria a una mesa de diálogo para abordar la problemática de la contaminación ambiental.

Al día siguiente, en rueda de prensa, fue más allá e insistió con esa mesa de diálogo. Es sano y justo reproducirlo. Martínez aseguró y sin que ningún periodista le pregunté: “Tenemos que trabajar cuestiones que son sensibles para la ciudad, ya la campaña pasó. Debemos sentarnos a resolver un problema que tiene que ver con el medioambiente y que si no lo resolvemos puede ser un problema para la ciudad. Pienso convocar a varias organizaciones no gubernamentales, ONG, al Frente de Todos, para que entre todos busquemos una solución para el Pergamino productivo, que tiene que ver con el futuro”.

Había expectativas y motivos. Pero solo fue eso. Una vez más el intendente -que sigue sin convocar a esa mesa que prometió hace más de cuatro meses- no emitió ni una sola letra respecto de la grave problemática que padece Pergamino sobre la contaminación ambiental.

Una realidad que tiene su capítulo más relevante en la Justicia Federal, que investiga la calidad del agua de red y de pozo de la ciudad, pero a los vecinos en el medio.             En un tramo de su discurso, Martínez hizo mención a un estudio realizado por la Sociedad Rural de Pergamino, donde queda de manifiesto que el equivalente de retenciones al agro representa más de 4000 millones de pesos: prácticamente dos presupuestos municipales.

Pero en su comparación con las cifras del campo, no habló de la crisis de los productores agropecuarios que tienen prohibido fumigar por la restricción dictada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo. Los 1.095 metros desde el límite urbano o habitado y en torno a las escuelas rurales y la negativa de aplicaciones aéreas a 3.000 metros.

El intendente no dijo en el recinto ni dice públicamente que el Partido de Pergamino tiene una restricción total de 26.000 hectáreas, en las que no se puede aplicar absolutamente ningún tipo de producto. Ese número representa el 9 por ciento del total del Partido.

Pero, además, la superficie afectada por restricción aérea a partir del límite de exclusión se extiende en 81.233 hectáreas, que representan el 27 por ciento del Partido.

Claro que hay más números que cambian con contundencia a raíz la prohibición de aplicaciones. El promedio de los márgenes brutos estimados para la campaña 2019/2020 en Pergamino, entre soja y maíz de primera, maíz tardío y trigo/soja de segunda, arroja una cifra cercana a los 430 dólares por hectárea, sin tener en cuenta las variaciones del dólar post cepo y el aumento a las retenciones. En limpio, el promedio de ganancia que se pierde es de unos 400 dólares por hectárea.

No tener la madurez y responsabilidad de asumir ser parte de la solución y encadenarse caprichosamente a continuar siendo una porción del problema, nutren la indiferencia individualista de un intendente que legitima a la negación como la principal herramienta de una estrategia de control.

Esforzarse en ignorar la problemática de la contaminación ambiental en Pergamino produce hastío. Y que no haya sido parte del discurso del lunes es un tristísimo episodio que se repite desde hace un año.

Esa negación como política de Estado provoca un clima creciente de indignación. Aquí son víctimas los vecinos de Villa Alicia, Luard Kayad, La Guarida y Santa Julia, con graves problemas de salud, pero también son perjudicados los productores agropecuarios y damnificados todos los pergaminenses que necesitan saber cómo proceder ante los altos valores de metales en el agua que llega a sus casas.    

Una mesa de dialogo entre todos los actores es una sumatoria de voluntades y compromisos y el reconocimiento sincero de las capacidades del otro, absolutamente necesarios, para avanzar con solidez y sentido de largo plazo en un camino común pensando en el medioambiente, la producción y la salud.

Una mesa de dialogo no expresa que todos deban pensar lo mismo porque es absolutamente legítimo pensar distinto. Sin embargo, esa legitimidad no debiera ser excusa para actuar con arrogancia, desconociendo la contribución necesaria de cada una de las partes involucradas.

La sensatez debería sustituir a la turbación en esta gestión municipal que transita su mandato final.

Esta realidad es un llamado a realizar, desde la sinceridad, un autoexamen, como intendente, como funcionarios, como dirigentes -y como espacio partidario- para determinar qué tan lejos están de la política como servicio público y cuanto y qué se debe cambiar para que el individualismo y la soberbia no sean los principales motores del accionar cotidiano.

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