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Una psiquiatra denuncia que la quieren echar después de 26 años de servicio en la salud pública

Por un conflicto interno entre los profesionales del área del Hospital “San José”, la médica asegura ser víctima de abuso de autoridad y le iniciaron un sumario porque “genera mal clima laboral”

Todo comenzó en 1998, cuando Patricia Raimundo terminó su carrera de Medicina e ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos “San José” al que concurrió durante 5 años ad honorem y 7 con una beca. En ese marco, afirma que “la precariedad laboral, el bajo salario y los conflictos internos, sumado a la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos pequeños, no fueron jamás un impedimento para bajar los brazos”.

Al mismo tiempo, realizó dos especialidades: Internista y Psiquiatra. “Tuve que viajar durante 4 años al Hospital Borda en Buenos Aires. Fue un sacrificio brutal dejar a mis hijos con el padre, volver, trabajar en la guardia, pasar horas y horas sin dormir o durmiendo de a ratos”, recordó Patricia Raimundo.

Ya recibida de Psiquiatra, en 2007 decidió ingresar en la sala de Psiquiatría del Hospital “San José” para ayudar a uno de los sectores más desprotegidos de la salud: Los enfermos mentales. “Porque, seamos sinceros, en la época en que estamos hablando, eran depósitos de personas a los que no se les prestaba la menor atención

La prueba fue la sala de salud mental de Pergamino, cerca de 60 personas internadas, hacinadas en condiciones inhumanas, compartiendo el lugar con ratas, gatos, perros y alimañas y sus heces”, admitió.

Pero la jefa del área denegó su pase, bajo el argumento de que “no había consenso. Totalmente asombrada porque nunca en mi vida había tenido contacto con ninguno de los integrantes de la sala; no llego a entender las razones. Había una psiquiatra nueva que volvía para sumarse al equipo de trabajo y lo rechazaban sin ton ni son”, siguió.

En 2014 finalmente y por una orden ministerial, logró ingresar a la sala de Salud Mental, pero el ambiente de trabajo fue “muy poco amigable y las condiciones de los pacientes, deplorables”, a pesar de que había 20 psicólogos y 8 psiquiatras.

“Nadie hablaba conmigo, nadie me saludaba, los jefes no me daban directivas para realizar mi trabajo”, aseguró la profesional, quien agregó que igualmente, lo único que le importaba era ayudar a los pacientes ya que “estaban sucios, mal medicados, mal diagnosticados, abandonados desde hace años y hasta en algunos casos, indocumentados, sin identidad”.

Asimismo, Raimundo especificó que “el edificio de la sala era una miseria, sin agua, sin gas, muchas veces sin energía eléctrica, sin teléfono cuando llovía”.

Frente a semejante panorama, se puso a trabajar “en pos de la demanicomialización”, de la mano de las asistentes sociales, las enfermeras y los camilleros para dar de alta y revincular a los pacientes con sus familias, amparados por la Ley de Salud Mental Nº 26.657.

“Fuimos tan efectivos que el porcentaje de los reinternados fue ínfimo”, sostuvo, pero, a su vez, señaló que “a alguien le había pisado un callo”.

En el área de Psiquiatría “encontraron la oportunidad para iniciarme” un sumario “cuando llegó a la sala un paciente de Córdoba, que había mantenido correspondencia a través de su página de encuentros sexuales gays, con un menor de 16 años en Pergamino y había venido a llevárselo”.

Los padres del menor le pagaron el pasaje para que el sujeto vuelva a Córdoba y Raimundo le dio el alta, para que el pedófilo este lejos de su víctima. Sin embargo, “me iniciaron el sumario por haber dejado a un paciente en situación de calle y haber discutido con la jefa del servicio”.

La denuncia la firmaron 4 psicólogos, quienes “manifestaron que los llevaron engañados a firmar”.

La Junta de Disciplina manifiesto que “no se pudieron probar los dichos y que las actitudes para con los pacientes fueron loables”. No obstante, los miembros de la sala de Psiquiatría solicitaron su desafuero y cesantía.

“Me quieren despedir del Hospital, después de 26 años, sin haber tenido un sumario ni ningún tipo de sanción disciplinaria antes del 2016, ni después de ello”, denunció Raimundo.

En 2019 pasó a trabajar en el área de Oncología para asistir a pacientes y familiares en cuidados paliativos. A su vez, durante la pandemia, atendió a través de videollamadas a 45 empleados hospitalarios, con el fin de contener a sus compañeros, puntualizó.

Mientras tanto, el sumario con el pedido de cesantía continúa abierto, pero la profesional está dispuesta a responder y defenderse de acuerdo a sus derechos ya que sostiene que “el expediente está lleno de ira y generalidades que hablan de su desidia y no de mi persona. Nunca he expuesto a nadie al sufrimiento o a la muerte”, pero “ellos sí”.

 

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