El Gobierno compró las primeras 100 pistolas Taser para las fuerzas deseguridad, para lo cual pagó al proveedor más de $5 millones.
Tras el proceso de licitación, el Poder Ejecutivo se inclinó por la oferta de la empresa Axon, que entregará 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación.
El monto total de la operación fue de 5.285.000 pesos, es decir que cada pistola costó 36.635, mientras que el valor de los cartuchos operativos fue de 1.005 y los de capacitación, 966.
Ámbito reveló que el Gobierno porteño planea la adquisición de 60 armas iguales, que al tipo de cambio actual, cada una se pagaría poco más de u$s2.400. El modelo que se busca descarga 6.800 voltios en contacto con la persona que se quiere reducir.
La adquisición de este tipo de armamento no letal por parte de Patricia Bullrich se da a casi tres meses de la reglamentación del uso de este tipo de implementos por parte del Gobierno.
¿Qué es lo que preocupa del uso de las armas de descarga eléctrica?
Las armas "incapacitantes" como las Taser generan temor por los riesgos a la salud asociados, la capacitación del personal de seguridad, la falta de regulación internacional, el marco legal local y los controles a las compras y los países fabricantes. Bullrich podría adquirir pistolas, bastones paralizantes, picanas, armas eléctricas inalámbricas y escudos eléctricos.
"Ante el necesario empleo de armas electrónicas no letales, funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán identificarse como tales de viva voz advirtiendo su inmediata intervención, salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso", añade.
Las pistolas Taser se usan en otros países
A la hora de aprobar el uso de este armamento no letal, el Gobierno había subrayado que eran utilizadas en países como Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.
Entidades de Derechos Humanos pidieron a la Corte Interamericana de DDHH que prohíba el uso de las pistolas eléctricas en Argentina.
En todas las presentaciones, los organismos de DDHH advirtieron que el uso de Taser X26 "afecta el derecho a la salud e integridad física de sus víctimas y resulta riesgoso para la vida de las personas que sufran su aplicación", en especial sobre quienes han padecido o padecen enfermedades cardíacas o similares.
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