Carlos Martínez es una historia de supervivencia política. Arrancó en la década de los 90′, como tripulante del Tango 01, de la mano de Carlos Menem. Ese lugar de privilegio le abrió la entrada al peronismo y entabló relación con ministros, legisladores y hasta empresarios. Cuando asumió Cristina Kirchner, pasó a presidir la Corporación del Mercado Central. Estuvo ocho años en ese puesto. En 2016 pasó a trabajar para el gobierno de Mauricio Macri, nuevamente vinculado al negocio de los aviones. “No soy un traidor, nunca fui un militante”, se defendía por esos días.
Casi treinta años después de su primer trabajo, sigue trabajando para el Estado. Pero acaba de recibir una mala noticia por parte de la Justicia: el juez Daniel Rafecas lo procesó esta semana por una estafa millonaria vinculada a la provisión de alimentos y bebidas para la Campaña Antártica 2015-2016.
La Justicia lo acusa de haber elegido a dedo a dos proveedores que no tenían antecedentes para vender alimentos. El negociado, según se comprobó, incluyó un sobreprecio de más de $50 millones.
La causa arrancó en 2016 por una denuncia de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Ese organismo detectó que la Corporación del Mercado Central, presidida por Martínez, omitió pedirle un precio testigo o de referencia a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). “El 95% de los productos comprados se adquirió a través de dos empresas, pero no se presentó ningún tipo de documentación que acreditara la idoneidad, solvencia y/o capacidad de los cocontratantes, ni siquiera un informe de adjudicación del contrato de suministro a su favor”, decía la denuncia.
Los dos proveedores eran Rinorm SRL -fundada por Norma Edith Gelmini y su esposo Ricardo Martín Morales- y una persona física, María Alejandra García Gelmini, hermana de la anterior. En total, facturaron alimentos por $71.592.777 y $ 11.150.552,70, respectivamente. De ese total, hubo un sobreprecio de $51.025.716.
Hay más. La pericia oficial, ordenada por el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral, verificó un índice de sobreprecios total de 227,04% con relación a una lista de precios del mayorista Diarco, que fue tomado como referencia.
Los proveedores fue elegidos a dedo por el propio Martínez. La propia Unidad de Auditoría Interna del Mercado Central terminó confirmando que no hubo un proceso de selección. “No se verificaron procedimientos que permitan evaluar si se hicieron compulsas de precios, controles o informes respectos a los valores de la mercadería”, sostuvo ese informe agregado a la causa.
Cuando tuvo que declarar, Martínez le echó la culpa de todo al Ministerio de Defensa. De hecho, dijo que los misteriosos proveedores fueron “recomendados” por un funcionario del área del abastecimiento de esa repartición.
Por su parte, Ricardo Martín Morales, uno de los accionistas de Rinorm SRL, aseguró que integró la sociedad por pedido de su suegro, Roberto García, quien sería “el verdadero y único artífice del negocio de provisión de mercadería a la CMCBA”. Algo similar declararon las hermanas Gelmini. Una de ellas, María Alejandra, hasta reveló que era una simple empleada del Banco Provincia y que su padre “le solicitó que le prestara su nombre para operar como proveedor del Mercado Central ya que se estaba por jubilar y no iba poder continuar con su negocio de años en tal rubro”.
El juez Rafecas acaba de procesar a todos los responsables por el delito de administración infiel agravado por haber sido en perjuicio de la administración pública, previsto en el artículo 173 del Código Penal. En el caso de Martínez, lo procesó en calidad de autor y le sumó un embargo de 200 millones de pesos. Al resto de los imputados, como partícipes necesarios del mismo delito.
“A raíz de las facultades confiadas mediante los convenios interadministrativos celebrados con las Fuerzas Armadas a la Corporación y las propias desde el cargo de Presidente que ostentaba en dicho ente, detentaba la administración de los bienes pertenecientes al Ministerio de Defensa y a su vez, indujo al Estado Nacional a materializar una disposición patrimonial excesiva en claro perjuicio a las arcas de la administración pública ($51.025.716,73)”, sostuvo el juez en una resolución de 73 carillas a la que tuvo acceso Infobae.
Para el juez, quedó probado que Martínez “tenía conocimiento que la contratación se llevó a cabo en total desapego a los procedimientos que regían la operatoria y sin ninguna evaluación previa sobre la razonabilidad de los precios finalmente cotizados, no obstante ello, deliberadamente, omitió apegarse a tales manuales de rito para continuar adelante con una contratación que a todas luces era perjudicial para el erario público”.
Martínez es un trotamundos de la política. Según describió el periodista Diego Shurman en una nota publicada en Infobae en 2018, arrancó su carrera como técnico mecánico, en Líneas Aéreas del Estado (LADE), y siendo muy joven se acercó a Carlos Menem, de la mano del secretario Ramón Hernández. Luego trabajó como tripulante de cabina del Tango 01.
Martínez nunca escondió su relación de amistad con Daniel Scioli, quien lo ubicó en el Mercado Central en 2007 en representación de la provincia de Buenos Aires. “A Menem lo amo como persona y a Scioli lo adoro como amigo”, confesó en esa nota.
Martínez ya tiene un procesamiento por el reparto de cotillón, globos y pancartas ramplonas anti-Clarín en diversos actos públicos. En esa causa también fue procesado el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Tras su paso por el Mercado Central, en la presidencia de Mauricio Macri llamativamente pasó a trabajar en el área que se encarga de los aviones oficiales, bajo la órbita de la Secretaría General. “No soy traidor porque, la verdad, es que yo ahora no me siento identificado con nadie y estoy cerca de jubilarme. Y por eso decidí volver”, decía en 2018.
Lejos de jubilarse, sigue en el Estado. Actualmente es Director de Seguridad Medioambiental en el Transporte, dentro de Junta que se encarga de investigar los accidentes. “Martínez es planta permanente de Casa Militar, pero cumple funciones en comisión en el JST”, dijeron a Infobae fuentes de la Junta.
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