A través de la decisión administrativa 942/2020 se "exceptúa del cumplimiento del 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las actividades e industrias indicadas para la Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos establecidos".
En el caso de San Miguel, se autorizó la actividad metalúrgica, las gráficas, ediciones e impresiones. En San Isidro, se permite la fabricación de indumentaria, de bicicletas y motos, de calzado, cerámicos, madera y muebles, plásticos y subproductos, de productos electrónicos y electrodomésticos y de productos metalúrgicos. También la industria gráfica, ediciones e impresiones y la automotriz y autopartes.
Por su parte, en San Fernando se autorizó la industria naval liviana y la y actividad de mantenimiento esencial de embarcaciones en clubes y guarderías náuticas. En tanto, en La Plata se permite únicamente la fabricación de indumentaria, y en Ituzaingó, solo la fabricación de calzado y de sus partes.
Hurlingham tiene habilitada la actividad industrial de cerámicos, plásticos y subproductos, celulosa y papel, química y petroquímica, bicicletas y motos, neumáticos, manufactura de cuero, cemento, juguetes, madera y muebles, electrónica y electrodomésticos, calzado, indumentaria, automotriz y autopartes.
En General Rodríguez se habilitó la fabricación y armado de bicicletas y motos, productos metalúrgicos, maquinaria y equipos, de plásticos, productos textiles y la industria automotriz. Finalmente, al municipio de Berazategui se le autorizó la actividad automotriz, gráfica y de madera y muebles.
Según se establece en la norma, "en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus". A su vez, se especifica que "las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por las respectivas jurisdicciones para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del transporte público de pasajeros.
Por otro lado, es obligatoria la tramitación del Certificado Único Habilitante para Circulación, para todas las personas alcanzadas por la medida. Además, la decisión administrativa aclara que estas excepciones podrían "ser dejadas sin efecto por el Gobernador en forma total o parcial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial, y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de Covid-19".
Asimismo, en la decisión Administrativa 941/2020 publicada hoy, se exceptúa del aislamiento "a las actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de seguridad en instalaciones reguladas" por la Secretaría de Energía.
Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas
Mediante la resolución 423/2020 se creó el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las Aulas, dependiente del Ministerio de Educación, que funcionará mientras continúe la emergencia sanitaria. El objetivo es cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias a fin de programar el retorno físico a los establecimientos educativos.
Se trata de un órgano asesor que está encargado de elaborar "anteproyectos de protocolos de alcance federal que establezcan las condiciones para el reinicio de clases presenciales". También, de "asistir en la adopción de políticas, procedimientos, estrategias y/o esquemas de trabajo de prevención, control y/o mitigación del Covid-19 en el ámbito educativo"; de efectuar propuestas acerca de las medidas que se consideren conducentes con el fin de lograr una mayor eficacia dentro de los esquemas de retorno a las aulas que se definan y el cumplimiento de los objetivos sanitarios para mitigar la propagación de COVID-19; de formular recomendaciones a las solicitudes de las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y de brindar información y recomendaciones sobre las medidas de actuación frente a la presencia de casos sospechosos y/o diagnosticados en las aulas.
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