Desde fines de agosto de 2019 que en el Partido de Pergamino, a través de una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, existe una restricción de 1095 metros para la aplicación de agroquímicos con equipos terrestres de cualquier zona urbana, extensiva a 3.000 metros si la práctica es aérea.
Tras la confirmación sucesiva de esa resolución del juez Carlos Villafuerte Ruzzo de la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación, el intendente municipal, Javier Martínez, jugó su última carta y presentó una Queja Extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se avoque a la cuestión, tras el rechazo del Recurso Extraordinario que fuera objetado por una de las víctimas y abogada querellante de la causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S/INFRACCION al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”, Sabrina Ortiz y con el patrocinio de Naturaleza de Derechos.
Esta "Queja Extraordinaria" se produce semanas después que la Justicia ratificó la inactividad de los máximos responsables de Ambiente Rural en las aplicaciones con agroquímicos en distintos campos de la zona urbana y otros aledaños a la ciudad sin los correspondientes controles, según lo establece la normativa municipal, provincial y nacional vigente.
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Mediante un escrito presentado por una de las víctimas y abogada, Sabrina Ortiz y el asesor legal Fernando Cabaleiro, donde solicitan que se rechace por improcedente el Recurso Extraordinario presentado por el Municipio de Pergamino, denunciaron que “genera estupor que el intendente de Pergamino insista en una suerte de esquizofrenia procesal en la pretensión de ser querellante cuando a la vez recurre las medidas precautorias a favor de la querella, además de las enajenadas, desopilantes e inéditas interpretaciones sobre la legislación ambiental vigente que realiza”.
En un escrito, los abogados insisten en que “evidentemente estamos en presencia de intereses ´extraprocesales´, -vaya a saber de qué naturaleza-, subyacentes muy fuertes que justifican ese proceder que se hace en nombre del Estado”.
También aseguraron que “como funcionario público debe velar por el interés general, no por los intereses económicos de un sector, del que evidentemente hace todos los esfuerzos en defender”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es ahora quien tendrá la decisión definitiva de la cuestión que puso a Pergamino en la cúspide de la problemática a nivel país y que ya se encuentra en el área de la Secretaria Ambiental del máximo Tribunal que preside Carlos Rosenkrantz.
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