Más que enemigo, el Estado es un amigo ausente

Una vez más la Justicia le da una orden al Gobierno Municipal. Y no es la primera. El juez Carlos Villafuerte Ruzo tiene presente que varias familias de Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad reciben agua de parte del Municipio de manera intermitente y en volúmenes escasos.

Por esa razón, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás intimó al Gobierno local a que ponga en marcha un procedimiento más eficaz y de acuerdo a las necesidades de cada familia de esa zona de la ciudad seriamente afectada por la calidad del agua: estableció que el suministro alcance los 200 litros por mes para cada persona.

La nueva disposición obedece a que el juez ya había ordenado hace un tiempo la provisión de agua para los vecinos, obligación que el Municipio debía establecer bajo las pautas que determinara, las necesidades y prioridades en los lugares más críticos, a través de los mecanismos más adecuados. Pero evidentemente ese procedimiento fue ineficiente y Villafuerte Ruzo se vio obligado otra vez a volver a tomar cartas en el asunto. Pero esa resolución tiene algo más. Porque señala la necesidad que el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa Alicia y del Hospital Interzonal General de Agudos “San José” cuenten con profesionales médicos especializados en toxicología, inmunología y dermatología.

Por su parte, el fiscal Matías Di Lello viene reclamando la inmediata intervención en la problemática de dependencias nacionales como el Consejo Federal de Medio Ambiente de la Nación (COFEMA), la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica y de las áreas provinciales como la cartera de Salud y la Subsecretaria de Calidad Agroalimentaria y Uso Agropecuario de los Recursos Naturales.

A fines de julio, las respuestas al pedido de la Fiscalía fueron tan débiles como la distribución del agua en Villa Alicia, La Guarida y Luard Kayad. La investigación de la causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S/INFRACCION al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del C.P.” no conoce de pausas. Está en discusión de los expertos la calidad del agua de las napas de Pergamino, que también llega a la red y desde allí a la mayoría de los domicilios de la ciudad.

Hoy está claro que los pesticidas se mezclan en las napas, lo que pone en alerta que la afectación no se limita únicamente a las zonas rurales, que son más propensas porque es donde se produce la mayor concentración debido a que son los sectores de aplicación.

La Justicia tiene acreditada la presencia de numerosas y diversas moléculas de pesticidas en el agua de la ciudad. La cuestión es saber a ciencia cierta dónde se produce la contaminación. El dato llamativo y contundente es que el juez decidió allanar la Municipalidad para tener en su poder el registro de apicultores. ¿Cuál fue el objetivo? Avanzar en la hipótesis que la contaminación también puede estar en el aire. Está confirmado que los pesticidas están matando en masa a las abejas. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria oficializó que la mayoría de los usos de pesticidas representan un riesgo para los polinizadores silvestres y las abejas de la miel.

Un problema que se repite es el debilitamiento de las capacidades de control, monitoreo y fiscalización estatal de la aplicación de los agroquímicos. Y al mismo tiempo no existe un cumplimiento en tiempo y forma de las medidas judiciales en favor de los vecinos perjudicados ni tampoco del interés de las dependencias provinciales y nacionales sobre sus responsabilidades en la problemática. Es decir, más que enemigo, el Estado es un amigo ausente (entiéndase el Estado en los poderes Ejecutivos).

Todavía, lamentablemente, la clase política no dio el paso decisivo. Solo resta esperar que lo que no se hizo como política de Estado se logre a través de la intervención judicial.

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