Los datos no son oficiales porque son las vecinas quienes los toman yendo de casa en casa. Son ellas las que investigan, las que litigan frente a la Justicia para que al menos se ponga distancia entre el veneno que mata todo lo que no es soja y la población. Una experiencia que se replica en el país donde el uso de agroquímicos se extiende. Y la resistencia también.
Llegar a Exaltación de la Cruz, el partido bonaerense ubicado a unos 75 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires, es observar una infinidad de pequeñas plantaciones verdes, tiesas y radiantes como único paisaje. Los cultivos intensivos de soja se extienden ampliamente a ambos lados del camino, y todo lo que se puede ver parece impecable, perfecto. Sin embargo, esas imágenes de reluciente pulcritud no son más que el relieve de un trasfondo mucho más oscuro y siniestro.
El encuentro con Anabel Pomar, licenciada en Comunicación Social y traductora de los “Monsanto Papers”, marca el comienzo del itinerario del día, que luego seguirá con la visita a varias de sus compañeras de militancia, quienes desde hace algunos años vienen desafiando el irresponsable, desmedido y, la mayor parte de la veces, ilegal avance de las fumigaciones con agroquímicos: “Históricamente las mujeres somos las que más resistimos y denunciamos este tipo de injusticias. Esto también tiene que ver con todos los cuidados invisibilizados que realizamos, porque somos las primeras en encender la alarma cuando vemos que algo no va bien y también quienes cuidamos de lxs demás si es que no nos enfermamos antes”, asegura Anabel.
La unión ecologista en este partido se construye a través de “Exaltación Salud” -uno de los cientos de colectivos, asambleas y organizaciones de pueblos fumigados que existen en todo el país- integrado por un grupo de vecinas y vecinos de la zona que luchan por un municipio sin venenos, libre de fumigaciones y con Soberanía Alimentaria.
Un genocidio silencioso
En una mañana primaveral en la zona rural de Los Cardales, una de las doce localidades que conforman Exaltación de la Cruz, Anabel abre la tranquera de su casa. Tiene un barbijo blanco que le cubre la nariz y la boca y una sonrisa en los ojos.
Mientras dos perritos amistosos se encargan de dar la bienvenida al hogar, Anabel empieza a contar la situación: “Acá, como en tantos otros lugares del país, la soja ha ido desplazando a cualquier otro tipo de producción: hoy más de la mitad del territorio de Exaltación está ocupado por cultivos de soja transgénica. La mayoría de los pueblos históricos, los nuevos emprendimientos inmobiliarios, las viviendas y las escuelas están rodeados de campos en donde la producción de agroquímicos es una constante, y las enfermedades y muertes cada vez están afectando a más personas”.
En Argentina, los cultivos intensivos de soja, maíz y algodón se han ido incrementando a través de los años, y en la actualidad concentran el 80% de la superficie total sembrada del país. Los tres son transgénicos tolerantes a herbicidas casi en su totalidad y, en su mayoría, al glifosato.
Si bien no existen estadísticas oficiales del uso de agroquímicos en el país, según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) que publicaba hasta 2012, entre 2003 y 2012 el consumo de agroquímicos aumentó 850%, y es justamente por eso que Argentina tiene el triste privilegio de ser el país que más agroquímicos por persona por año utiliza en el mundo entero.
Anabel explica: “Los cultivos transgénicos fueron diseñados específicamente para tolerar los agroquímicos. En un principio la soja fue modificada genéticamente para tolerar el glifosato. Este herbicida mata las hierbas que rodean a la planta y la deja libre de competencia de otras ‘malezas’, como dice el agronegocio. Pero con los años esas plantas se hicieron cada vez más fuertes y se necesitan más químicos para combatirlas. Ahora, las últimas semillas de soja transgénica ya salen diseñadas genéticamente para tolerar no sólo el glifosato sino muchos otros químicos más. La situación es muy preocupante, porque estamos frente a un círculo vicioso en el que cada vez se necesita más cantidades de agroquímicos para seguir cultivando”.
El agronegocio -el modelo agroindustrial capitalista, hegemónico y global de producción de alimentos que existe hace más de 50 años y que está relacionado con todas las actividades productivas que se desarrollan en el campo- es el gran responsable de la alta contaminación en las personas y en el medio ambiente. Las únicas beneficiadas con este modelo son las corporaciones multinacionales como Bayer-Monsanto, Dupont o Syngenta, por mencionar algunas de las más poderosas, que controlan la alimentación del mundo y que llegan a quedarse hasta con un 400% de ganancia.
Uno de los trabajos de Anabel fue la traducción de los “Monsanto Papers”, los documentos legales que se hicieron públicos a partir de una demanda colectiva en Estados Unidos y que demuestran cómo la multinacional manipuló informes científicos, realizó presiones a organismos de control y sobornó a la prensa para ocultar el peligro que causan los agroquímicos en las personas.
“Monsanto ya lleva perdidos tres juicios: uno en 2018 y dos en 2019. Todas las condenas concluyeron lo mismo: que el Roundup, la marca comercial de Monsanto-Bayer, fue sustancial para producir cáncer, y que la empresa actuó con malicia al saber del peligro que tenía el herbicida y no advertirlo adecuadamente”, dice Anabel.
Tan solo a 500 metros de su casa, el paisaje es el mismo que en la mayoría de las localidades del municipio de más de 40 mil habitantes y 60 mil hectáreas rurales: soja y más soja. Mientras Anabel camina bajo el sol por una de las calles de tierra del pueblo para mostrar más de cerca los campos cultivados, explica que lxs damnificadxs por los tres juicios a Monsanto son estadounidensxs que usaron herbicidas de base glifosato y que ahora tienen linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer producido por ese químico.
Las condenas judiciales terminaron provocando que Bayer perdiera el 40% del valor de sus acciones, una suma equivalente al gasto que la multinacional realizó al invertir en Monsanto: “A la luz de las pruebas, de la documentación pública y de todo lo que está sucediendo, estamos hablando de un gran genocidio y ecocidio. Las personas que permiten que esas sustancias sigan en el mercado son cómplices responsables de todos esos daños”, asegura la licenciada.
Mujeres-amarantos
Un informe reciente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación que analiza los impactos de los agroquímicos a nivel global, le dedica un apartado específico al impacto diferencial que genera el uso de plaguicidas en las mujeres, y las presenta como las más afectadas.
“Las personas que vivimos en zonas rurales sabemos que cada vez hay más niñas de 12 años con cáncer, que los casos de abortos espontáneos y de infertilidad son cada vez mayores, que el cáncer de cuello de útero aumentó; porque todas esas enfermedades que producen las fumigaciones son disruptoras hormonales, afectan por completo las zonas reproductivas”, continúa Anabel, quien hace cuatro años decidió unirse a sus vecinas y vecinos del municipio para formar parte de “Exaltación Salud”, el colectivo que nació en 2012 gracias a la iniciativa de dos mujeres del partido para ponerle un freno al agronegocio transgénico.
Cerca del mediodía, Patricia Benítez, Verónica Garri y Johana Tejera, tres mujeres que también integran la organización, se encuentran para conversar con Las12 en la casa de Joha, como le dicen en el pueblo a esta joven de 21 años que junto con sus amigxs fundó la cooperativa de trabajo “Amaranto” para distribuir productos agroecológicos, orgánicos y biodinámicos.
Joha cuenta que el proyecto lleva ese nombre por Fabián Amaranto Tomasi -el fumigador fallecido que se volvió un emblema en la lucha contra los agroquímicos- pero enseguida agrega que también se debe a la hierba llamada de la misma forma: “El amaranto es una planta muy resistente a los venenos, por eso es muy difícil erradicarla de los lugares en donde está, y creo que quienes luchamos contra las fumigaciones de alguna manera también somos una especie de amaranto”.
El trabajo de Joha consiste en nuclear productorxs agroecológicxs de la zona con sus correspondientes consumidorxs; recibir los pedidos, armarlos y repartirlos. Antes de la pandemia lo hacía los fines de semana a través de distintas ferias del municipio pero ahora pasó a ser vía web: “Lo que queremos es cambiar los hábitos de consumo, darle a la gente la posibilidad de elegir cómo quiere alimentarse y generar más mercado y personas que opten por la agroecología”.
El gran avance de las fumigaciones en este último tiempo fue clave para que Joha se embarque en el emprendimiento. Hace dos años, ella y una vecina realizaron una encuesta en San José y Esperanza, dos barrios de Exaltación, y los resultados que obtuvieron fueron devastadores: en 30 manzanas (280 casas) se encontraron con 50 casos de cáncer, de los cuales 31 hoy ya fallecieron. Y también descubrieron que en 94 de esos hogares las personas presentan otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones como problemas respiratorios, de la piel, diabetes e hipertiroidismo.
Si bien ahora las pulverizaciones en todo el municipio tuvieron que alejarse unos metros por la ordenanza de las nuevas cautelares, la joven también advierte que enfrente a la Escuela Primaria Nº 8 y Secundaria Nº 5 de San José hay un campo de soja y de trigo que ha sido fumigado durante bastante tiempo. La consecuencia de eso fue que en 2015 murieron de cáncer tres chicas de entre 13 y 15 años, dos de ellas por asistir a esa escuela y la última por vivir en la cuadra de enfrente.
Al recordar todo eso, atravesada por el dolor y la rabia, Joha expresa un deseo que es también el de todas las personas de Exaltación que hoy siguen resistiendo: “No queremos esperar más, queremos hechos; que seamos un partido que apunta hacia la transición de la agroecología y que se prohíban los agroquímicos. Que dejen de circular mosquitos llenos de veneno por las calles de los barrios y del pueblo, y que paren de lotear hectáreas para hacer barrios en donde solo puede vivir la gente rica”.
Glifosato en sangre
Las mujeres de Exaltación Salud explican que “Soberanía Alimentaria” significa que todas las personas puedan decidir qué se come, cómo se produce ese alimento y en qué condiciones se accede al consumo: “No es lo mismo si es a través del comercio justo, del contacto lo más directo posible entre quien produce y quien consume, que si existen otros tipos de intermediarios”, remarca Joha.
Mientras la conversación continúa, Corina, la chiquita de dos años hija de Verónica, juega y corretea por el jardín. Tiene los deditos manchados con témpera porque hasta hace un rato estuvo dibujando y lleva, bien agarrada de la mano para todos lados adonde va, una muñeca de trapo: “Es porque se la acaba de regalar la tía”, comenta su madre con una sonrisa.
Corina es también la misma niña cuya imagen está estampada en la remera que lleva puesta Vero y que con letras negras dice: “A mi no me vengas con que el glifosato es un avance tecnológico e inocuo”.
Hace un año y medio, cuando Corina tenía apenas 10 meses, el pelo se le empezó a caer. Vero y su compañero, vecinxs de La Lata, uno de los parajes rurales de Exaltación, llevaron a la niña a hacerse todos los análisis, pero no le encontraron nada, hasta que un día una médica les preguntó en dónde vivían, y cuando ellxs le dijeron que en el campo, la doctora les dijo que ahora debían ser ellxs quienes tenían que realizarse los estudios. Y también les aconsejó no hacerlos en ningún hospital de la zona, sino en Mar del Plata. Vero aclara: “La médica, muy piola, sabía perfectamente que acá el tema de los agroquímicos maneja mucho dinero y que lo más probable era que los estudios nos iban a salir bien”.
Vero y su compañero viajaron a la costa. Los análisis dieron que ambxs tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: “Un cuerpo puede contemplar 0,03 microgramos, pero mi marido tiene 2.5 y yo 1.5”. Así fue como descubrieron que lo que tiene Corina es una enfermedad autoinmune, en este caso de origen genético, llamada alopecia universal: su propio organismo rechaza el pelo de todas las partes del cuerpo.
“Nosotrxs no éramos conscientes de lo que estaba pasando; habíamos decidido vivir en el campo pensando que íbamos a darle una vida natural y sana a nuestras hijas. A veces veíamos pasar un mosquito -las máquinas que fumigan- pero nos parecía algo normal. Y al final terminó siendo todo lo contrario”, se lamenta Vero.
En los días siguientes, ella hizo de todo: denunció al chacarero que le alquila el campo al vecino de al lado de su casa, habló con todos los vecinxs, en la escuela donde trabaja, con la gente de otras localidades, y si bien en muchos lugares la comprendieron y apoyaron, en otros la menospreciaron: “Nos decían que estábamos buscando plata y que somos unos mentirosos”, recuerda.
Las críticas también vinieron por parte del vecino de al lado, el responsable principal de los hechos: “Se tomó todo muy a mal: cuando quisimos hablar nos dijo que él iba a seguir fumigando porque ese es su trabajo y que la ley está a su favor. Y encima nos dijo en la cara que quien maneja todo en el municipio es Bayer-Monsanto, y que por eso él ni siquiera toma agua de su terreno, o sea que es totalmente consciente de lo que pasa”.
Vero hace una pausa y luego reflexiona: “Nosotrxs tenemos en claro que la culpa no es de lxs vecinxs, y tampoco queremos sacarle el trabajo a nadie; pero tampoco queremos mudarnos. Lo que necesitamos es que se deje de usar ese veneno, porque está comprobado que se puede trabajar de otra forma. Y no queremos que se deje de hacer solo por nosotrxs sino por todxs. Yo muchas veces me pregunto si hago bien en exponerla así a Corina, pero después me digo también que si no lo hago, ¿qué futuro le espera a ella y mis hijas?”.
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