En lo que es y será histórico para nuestra ciudad, el juicio oral y público por la “Masacre de la Comisaría Primera” y después de una profunda investigación que se acompañó por una treintena de declaraciones testimoniales, el 20 de diciembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino condenó a los efectivos imputados.
Los policías que previamente habían sido exonerados de la fuerza, fueron condenados por el delito de Abandono de Persona seguido de Muerte, con penas que rondan entre 6 y 15 años. Cuatro cuentan desde siempre con el beneficio del arresto domiciliario.
El 31 de julio del 2018 se votó y aprobó de manera unánime en el Concejo Deliberante, el proyecto de ordenanza para declarar el espacio de la excomisaría como Sitio de Memoria, ajustándose a la Ley Nacional Nº 26.691 y Ley Provincial Nº 13.584.
En octubre, el juez de Garantías, César Alejandro Solazzi, fijó la medida de no innovar en la totalidad del inmueble donde funcionó la seccional, que se sostiene y corrobora hasta hoy, tras un último intento municipal, resultando negativo pidiendo poner a punto el lugar para trasladar al edificio de calle Dorrego 654.
Fue el intendente municipal, Javier Martínez, quien solicitó hace unas semanas el levantamiento de la medida cautelar de no innovar, argumentando “la necesidad de darle un destino útil dentro de la Administración”, ignorando lo resuelto por unanimidad en el Concejo Deliebrante y también por los funcionarios judiciales.
Para ese entonces y hasta hoy, la dependencia de calle Dorrego, entre San Nicolás y Merced, se encuentra cerrada y al resguardo para las pericias, ya que se encuentra en etapa recursiva a raíz del juicio, tanto por la defensa de los imputados como por la Fiscalía y los representantes de los fallecidos.
Poco de esto parece respetar el Municipio, ya que una y otra vez pidieron por la apertura del lugar para trasladar la Secretaría de Hacienda.
El intendente Martínez presentó un último incidente pidiéndole al TOC Nº 1 que de “marcha atrás” sobre la medida cautelar de no innovar en el exedificio de la comisaría y la resolución de la Justicia fue continuar con la disposición de preservar la institución tal como está, y en ese mismo fallo autorizó a retirar pertenencias para las familias de las víctimas que así lo quisieran.
Por ese motivo, el 19 de junio se determinó que ayer sea el día que las familias que así lo quisieron accedan al inmueble y algunos inclusive al calabozo, dónde fallecieron los detenidos, para retirar las pertenencias personales que pudieron previamente reconocer y solicitar recuperar.
Lo noticioso no debiera ser el acto privado de las familias, sino la forma por la que llegan a esa acción. No fue a raíz de la investigación y el proceso judicial sino por el deseo expreso oral y escrito del intendente Javier Martínez.
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