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    17 de Mayo de 2024
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Solicitaron el juicio oral para los propietarios de los campos por haber contaminado el ambiente

Según la Fiscalía Federal de San Nicolás, los imputados provocaron daño en la salud de los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida

El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, pidió la elevación a juicio oral de la investigación seguida contra tres propietarios los campos de nuestra ciudad, por haber contaminado el ambiente en general “de un modo peligroso para la salud mediante la utilización de residuos calificados peligrosos”.

La causa se inició el 13 de septiembre de 2018, a raíz de un llamado telefónico a la Subdelegación Pergamino de la Policía Federal Argentina (PFA), donde Sabrina Ortíz denunció que padecía problemas de salud derivados de las fumigaciones con agroquímicos que se efectuaban sobre campos cercanos a la Escuela Nº 52.

En 2014, el Concejo Deliberante dictó la ordenanza Nº 8126/14 que reglamenta las actividades relacionadas con el uso y aplicación de los productos fitosanitarios, para evitar la contaminación del ambiente y de los alimentos, protegiendo la salud, los recursos naturales y la producción agropecuaria sustentable.

La normativa dispone la existencia de una zona de exclusión conformada por los primeros 100 metros desde el límite de la zona urbana y en la cual está prohibido cualquier tipo de pulverización. Además, reglamenta la zona de amortiguamiento, compuesta por los 500 metros siguientes a la zona de exclusión.

En base a las pruebas recolectadas durante la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal, se estableció que a través de las fumigaciones con agroquímicos realizadas mediante mochilas o tractores “mosquito”, los tres imputados “en violación a la ordenanza municipal y las normas provinciales, contaminaron el ambiente y provocaron un daño en la salud de los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida”.

En ese sentido, se acreditó que, al estar expuestos a las fumigaciones, presentaron cuadros de alergias severas, afecciones respiratorias e, incluso, cáncer.

Si bien los agroquímicos utilizados por los imputados contaban con autorización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), debían utilizarse con debidos cuidados y controles para evitar afectar la salud de las personas que se encuentran expuestas a ellos, dada la toxicidad de sus formulaciones.

En su requerimiento al magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, Di Lello señaló que “todos los elementos que han sido reunidos en esta instrucción permiten tener por acreditado que, durante el periodo de tiempo investigado, los imputados aplicaron en las pulverizaciones realizadas en forma terrestre los agroquímicos atrazina, imidaclopird, imazetapir, metalaxil, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, flurocloridona, tetrametrina y glifosato, entre otros, en los campos que explotaban, infringiendo la Ordenanza Municipal vigente en esa ciudad que prohíbe la aplicación terrestre dentro de un radio de 100 metros a partir del límite de la planta urbana, de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de cualquier clase y dosis”.

El funcionario judicial agregó que se tomaron muestras de suelo y agua que tras ser analizadas “arrojaron mayores concentraciones de plaguicidas en suelos de patios de vecinos que en campos colindantes (atrazina y sus derivados, glifosato, entre otros).

“Se hallaron mayores concentraciones de agroquímicos del grupo fungicidas (tebuconazol, triticonazol, epoxiconazol, tebuzonazol) y el insecticida Clorpirifós, tanto en jardines de los vecinos como en el agua que consumen”, indicó.

Los tres propietarios rurales se suman al titular y un auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, respecto de quienes, en mayo pasado y en el marco de otra investigación relacionada, se solicitó que fueran a juicio por no cumplir “acabadamente las funciones inherentes a su cargo, esto es, fiscalizar y controlar el correcto cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza municipal N° 8216/14 y la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.

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