Un paso trascendente dio el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Pergamino en la investigación de la denominada causa “Tamequ”, caratulada como “Vejaciones y/o Apremios Ilegales en Acto de Servicio” y su acumulada “Averiguación de Ilicito”, en las cuáles se busca aclarar qué sucedió en los galpones de la exfábrica ubicada sobre Ruta Nacional Nº 8 y calle Lucio V. Mansilla, el viernes 12 de marzo.
Ese día, en horas del mediodía, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino, de Moreno y de Mercedes irrumpieron en uno de los galpones en los que se encontraba Daniel Domingo Glasinovich; su hijo, Diego; su nieto, Axel y un amigo.
Según lo denunciado por las víctimas, fueron arrojados al piso, maniatados con precintos, esposados y golpeados por los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad.
“Esta causa se interpretó como una cuestión de violencia institucional y como tal no puede ser abordada con ningún policía. Debe ser totalmente investigada por gente de la Fiscalía”, explicó Francisco Furnari, fiscal a cargo de a investigación a Kairós de RADIO MAS (106.7).
“Cuando tomamos conocimiento de la posible existencia de violencia institucional y de un allanamiento ilegal producido en la finca de la familia Glasinovich, comenzamos con la investigación”, añadió el funcionario.
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En ese marco, se obtuvieron las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de confirmar qué móviles y qué personal había concurrido al lugar y posteriormente se realizaron allanamientos, tanto en el GAD como en la DDI de Pergamino, de Moreno y de Mercedes, ya que efectivos policiales afectados a esas dependencias participaron del allanamiento no autorizado por la Justicia, a criterio de la Fiscalía.
A su vez, Furnari indicó que “en el día de la fecha (por el viernes) tuve una reunión con el abogado de la familia Glasinovich, el particular damnificado en la causa, para informarle que procedí a firmar el procesamiento de todas la personas que han estado involucradas”.
Desde la instrucción se acreditaron cuatro hechos delictivos. El primero, es el allanamiento ilegal; el segundo, las vejaciones y lesiones leves calificadas por tratarse de funcionarios públicos; el tercero, la omisión de auxilio posterior a este segundo hecho y, por último, el encubrimiento agravado, por no denunciar los delitos en su carácter de funcionarios públicos.
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“Son 18 los procesamientos que se han realizado, de los cuales 6 son comisarios o comisarios mayores”, señaló Francisco Furnari, quien además explicó que “una vez que el Ministerio Público Fiscal entiende justificado estos delitos, lo que queda por hacer es recibirle las declaraciones indagatorias a cada uno de los imputados. Se les expone cuál es el delito y esto es un acto de defensa en el cual pueden declarar o no”.
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