El martes 3 del corriente mes, los vecinos de los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad hicieron una presentación en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás denunciando que la entrega de bidones de agua, que la Municipalidad debe suministrar, se había reducido a la mitad, sin previo aviso y sin explicaciones.
Después de la presentación, el juez Carlos Villafuerte Ruzo envió un oficio al intendente municipal, Javier Martínez intimándolo “al cumplimiento de la manda dictada por este juzgado federal mediante resoluciones de fechas 3 y 17 de abril próximo pasado y ampliatorio del 11 de junio, con el objeto de brindar de manera inmediata la provisión de agua segura, potable y apta para consumo humano, en cantidad suficiente y en forma regular a los vecinos asentados en los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad en similares condiciones que se venía realizando”.
Sin embargo y a pesar de la advertencia, los vecinos continúan manifestando que las autoridades suspendieron la entrega de agua potable a varias familias de las zonas afectadas por la contaminación ambiental.
Uno de esos vecinos se Damián Funes, chofer de remis domiciliado en el Barrio La Guarida, quien le explicó a PRIMERA PLANA que “hace 4 meses, cuando me mudé a esta casa, los vecinos me advirtieron que no tomara ni cocinara con agua de la canilla porque la misma no era potable así que mi esposa se dirigió al Centro Comunitario de Villa Alicia, llenó un formulario y a partir de entonces una empresa contratada por la Municipalidad empezó a traernos bidones con agua potable, a razón de entre tres y cuatro por semana, que es lo que consumimos en el grupo familiar integrado por mi esposa, mi hija y mi nieto de 2 años y yo”.
Funes señaló que “más o menos hace unos 10 días atrás, vinieron a casa dos oficiales de Policía y nos preguntaron si estábamos en condiciones de pagar el agua que la Comuna nos estaba trayendo y la verdad es que después de sacar cuentas confirmamos que no nos es posible afrontar ese gasto así que les dijimos que no. Entonces nos encontramos con que esta misma semana la empresa vino, se llevó los bidones vacíos y no nos dejó nada. Nos explicaron que habían suspendido el servicio”.
En otro tramo de la charla con PRIMERA PLANA, el vecino contó que “desde que la empresa dejó de proveernos de agua potable llevó un bidón vacío en el auto, que lleno en una estación de servicio y lo reservo para uso exclusivo de mi nieto, mientras que el resto de la familia tomamos agua de la canilla. Sinceramente estamos preocupados por nuestra salud, pero por ahora no nos queda otra”, se lamentó.
La de Damián Funes no es la única familia que se vio privada del agua potable, que debe entregar el Municipio por orden de la Justicia Federal, según surge claramente de todas las resoluciones que se tomaron en la causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S/INFRACCION al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”.
El dictamen de principios de éste mes obliga además a informar de manera mensual el cumplimiento de la entrega de agua “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (Art. Nº 239 del Código Penal)”.
La pregunta que surge de esta situación es dónde radica el motivo para suspender el suministro de agua potable a los vecinos, teniendo en cuenta que, más allá de estar obligado a hacerlo por un fallo de Carlos Villafuerte Ruzo, para un Presupuesto como el municipal, el costo total de los bidones es ínfimo. Pero sustancialmente debería tenerse presente en todo momento que la salud de la población es, en todos los casos, prioritaria y que no existen cuestiones presupuestarias ni de ningún tipo que justifiquen exponer a las familias de tres barrios de la ciudad a aumentar el riesgo de contraer enfermedades o a ver deteriorada su calidad de vida.
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