La categórica determinación de no bajar los brazos a pesar de los obstáculos llevaron a Sabrina Ortiz a tomar decisiones que nunca pensó para recorrer el camino hacia la búsqueda de reparos que apacigüen sus sufrimientos y los de sus hijos.
Primero los especialistas de la salud casi que la obligaron a mudarse del barrio de toda su vida para que no sigan desmejorando las condiciones de la salud de su familia. Y después, sin respuestas de nadie, decidió emprender la carrera de abogacía para llevar adelante por cuenta propia las causas de la contaminación ambiental que hoy motivan una lucha por momentos titánica.
Comprobado científicamente el daño genético en la familia de Sabrina Ortiz y que el agua que se consume en nuestra ciudad está contaminada -en algunos sectores, contenía hasta 18 agroquímicos diferentes y según un último estudio a fines de 2019 se redujo a la mitad-, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás dictaminó un área de exclusión total de 1.095 metros para las fumigaciones terrestres en todo el radio de la ciudad y de 3.000 metros para las aéreas, a principios de septiembre del año pasado. A partir de allí, el Municipio hizo todo lo posible para que la medida precautoria no se cumpla.
El juez Carlos Villafuerte Ruzo ya había exhortado a la Municipalidad con medidas precautorias del 3 y 17 de abril 2019 a suspender de forma urgente la aplicación de plaguicidas en campos que rodean a los barrios Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, donde hay cientos de casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico.
En su resolución, el magistrado dijo que no existen dudas que muchas de las falencias observadas en cuanto al daño que se pueda generar a la población, puede eventualmente provenir de una falta de control administrativo adecuado por las autoridades competentes y en distintos ámbitos, como así también de una prevención que complete el resguardo de la salud y el medio ambiente. El espíritu de esa resolución de Villafuerte Ruzo está íntimamente vinculado a la prevención de daños futuros.
Hoy son siete las personas procesadas en la Causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S/INFRACCION al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del Código Penal”, que continúa su trámite y que en las últimas horas empezó a escribir un nuevo capítulo porque la volvió a intimar al intendente municipal, Javier Martínez por el incumplimiento de la entrega en tiempo y forma de agua potable a los vecinos del sector noreste de la ciudad, medida que dejó de cumplir por “una decisión unilateral, inmotivada e irrazonable”, según sostuvo el juez.
En el nuevo dictamen de Villafuerte Ruzo, se indica con claridad la posibilidad que Javier Martínez sea procesado. “Independientemente de las denuncias efectuadas por las querellas, el incumplimiento de la manda judicial por parte del señor Intendente y otros presuntos delitos que pudieren surgir de las actuaciones agregadas a la causa, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal, a los efectos que estime correspondan”, señala el dictamen. Y agrega que “más allá del análisis de la responsabilidades penales que presuntamente puedan caber al respecto por la situación generada en la causa, en relación al incumplimiento que se viene desarrollando en la misma por la falta de suministro de agua segura, potable y gratuita, atendiendo a que dicha situación se produce de manera deliberada de forma arbitraria y sin justificación alguna”.
Como contrapartida, la Municipalidad tomó la decisión de denunciar a una mujer a la que considera que genera una demanda ilícita de bidones de agua potable para las familias de la zona noreste y que no estarían comprendidas en la zona afectada por la orden del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás.
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