Como en la economía, la salud o la educación, en materia judicial también se sigue hablando de “pesada herencia”. No sé si está bien o está mal. Si es certero o inexacto el diagnóstico. Lo que está claro es que hay más de una manera de analizar la realidad, pero solo una realidad. Y esa realidad marca que la sobrepoblación carcelaria en la provincia no para de batir récords: más de 40 mil presos en 27 mil plazas.
El panorama afecta al conjunto: a los que están adentro y a los que estamos afuera. A la sociedad.
Casi todos los presos, en algún momento, van a completar o cumplir parcialmente su condena y saldrán, porque así lo manda la ley. El desafío es saber cómo bajar el índice de reincidencia en este marco, más aún cuando la política en materia criminal del gobierno de turno tiene un fuerte sentido restrictivo: hay fines de semana que se producen entre 800 y 900 aprehensiones en todo el territorio bonaerense.
Cada vez más detenidos y peores condiciones de alojamiento: el resultado parece inevitable.
¿Qué hace el gobierno de María Eugenia Vidal para tratar de sortear esta encrucijada? Le preguntamos al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en un mano a mano que también incluyó el proyecto de Reforma al Código Procesal Penal, que busca darle mayor protagonismo a la figura de la víctima.
En la medida que construir cárceles -necesario para cubrir un déficit pero no como solución de fondo de la problemática- resulta muy costoso, se están ampliando y refaccionando algunos lugares de detención, se creó un sistema avanzado de monitoreo y vigilancia para presos con salidas o arrestos domiciliarios, se adquirieron más tobilleras electrónicas y se reforzó la seguridad y control en los penales: mediante las requisas, en poco más de un año, se secuestraron más de 113 mil elementos prohibidos, entre facas, objetos contundentes, celulares, chips, psicotrópicos y otras drogas.
El ministro dejó en claro que, pese al cuadro situacional, la política no va a cambiar: “No vamos a dejar libres a quienes merecen estar presos”, advirtió. De todas maneras, reconoció que la problemática carcelaria seguramente mantendrá el impacto en gobiernos futuros.
- No es solo una sensación que corremos muy de atrás al problema...
- No, claro. Y el tema no es solo la tasa de recambio (por año entran 3.500 presos más de los que salen) sino los tiempos de construcción. Este año estamos terminando 3 obras, con refacciones y alcaidías, que sumarán 900 plazas al Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellas una cárcel nueva, en Campana, con unos 600 plazas. El ritmo debió haber sido permanente y constante durante cada año. No podemos recuperar en 2, 3, 4 o 5 años lo que no se hizo en 10. Es una realidad que impactará necesariamente sobre gobiernos futuros. Nosotros sinceramos los números, no ocultamos la realidad, decimos lo que realmente pasa. Estamos tratando de tomar medidas ordinarias y extraordinarias, de forma tal de poder darle a la ciudadanía una protección a través de la política criminal que implementamos, que tiene un sistema de prevención alto.
- ¿Cuánto sale construir una cárcel grande, como para 1.500 internos, algo que no se hace desde casi 20 años?
- Cerca de 3 mil millones de pesos. Y el presupuesto de todo el ministerio es de 17.287 millones, de los cuales gran porcentaje se va en recursos humanos, comida y medicamentos para los detenidos. Son más de 40 mil detenidos, más 1.800 monitoreados y 22 mil agentes del Servicio. Entre consumo de alimentos, medicamentos de detenidos más los sueldos de los penitenciarios, tenés gran porcentaje del presupuesto. Lo importante, además, es que, ante recursos escasos, la provincia también necesita escuelas, hospitales y patrulleros. No es que tomo los recursos y construyo cárceles.
- ¿No hay un contrasentido entre la política criminal que logra muchas detenciones y la falta de lugares para alojar detenidos?
- No es un contrasentido, porque una cosa la decidimos nosotros y la otra la decidieron otros, que durante 20 años no construyeron. Lo que estamos haciendo es tratar de ver de qué forma respondemos (Cristian) Ritondo (ministro de Seguridad) y yo a las necesidades de espacio, pero algo tiene que quedar en claro: no por eso vamos a dejar libres a personas que merecen estar presas.
- Con tantos detenidos, cómo se explica que haya autoridades, incluso policiales, que sigan hablando de “puerta giratoria”.
- Hay casos de "puerta giratoria", existe, lo cual no significa que sea una constante absoluta. Lo que pasa que a veces se percibe que alguien que comete un delito estuvo en la cárcel y ese caso genera esta sensación. Pero, hoy por hoy, se están dando casos inversos: personas que podrían tener prisión domiciliaria, por delitos menores, no son liberadas. Vos tenés jueces que liberan y que tienen una concepción zaffaroniana y otros que, por precaución, no liberan. Lo que no podemos es generalizar.
- ¿Es alto el grado de preocupación por la sobrepoblación carcelaria?
- Los homicidios traumáticos en las cárceles han bajado de manera muy sostenida a lo largo de estos 2 años, con evidencias. El nivel de hacinamiento puede contribuir para la litigiosidad, por eso extremamos los recursos, que haya más gente que salga al patio, que tenga trabajo fuera de los pabellones, que estudie. En eso el incremento es sustancial.
(NdeR: No lo dijo el ministro, pero otros funcionarios creen que al haber mejorado el servicio de la comida y la medicación, el nivel de ansiedad en la población carcelaria bajó).
- ¿Cuál es el porcentaje de personas “ocupadas” en las cárceles provinciales?
- Cerca del 70% de internos hace alguna actividad, ya sea laboral, de estudio o deportes. Es un número mundialmente razonable. Es lo que fomento todo el tiempo, porque hace que disminuya la litigiosidad. La gente que sale del pabellón siente alguna sensación de libertad y se pelea menos, mejora la convivencia. También existe la actividad religiosa, lúdica y la música. No puedo decir que tengamos una situación descontrolada, al contrario. Se estaba preparando una fuga (hace algunos días, en el penal de Campana), pero lo abortamos; hoy mismo (por el miércoles) descubrimos que una persona se quería fugar (de la cárcel de Olmos, un detenido por robo agravado iba a ser sometido a una pericia que lo podría involucrar en un homicidio y trató de huir) y también lo frustramos.
- ¿En qué consisten los cambios en la política de requisas? ¿qué marcan las estadísticas?
- Estamos requisando permanentemente y tenemos un récord. No requisa el mismo personal del establecimiento, sino que se hace de manera cruzada, llega personal de afuera, de la fuerza especial que hemos creado. Está muy fortalecida la seguridad de los penales. Históricamente lo hizo la gente del lugar, de cada cárcel, pero ahora cambiamos el sistema y vamos a cualquier hora, caemos a las 3 de la mañana, y la verdad es que está yendo muy bien. Es impresionante la cantidad de cosas que se secuestran, entre elementos contundentes, facas, teléfonos y droga.
- ¿Y en qué medida cree que incide en la reinserción que 7 de cada 10 presos estén ocupados en prisión?
- Eso se nota mucho, mucho, mucho en aquellos que hacen formación profesional. Tenemos casi 300 talleres activos, como por ejemplo para reparar motos, de reciclado de computadoras, de construcción de colchones ignífugos, panadería o pelucas para enfermos de cáncer, más una infinidad de cursos de formación profesional. Y el año que viene lanzamos un plan de terminalidad de escuelas primaria y secundaria. Todo esto va a generar un efecto directo sobre la reincidencia. La incorporación de conocimientos sobre oficios y hábitos laborales es clave para la rehabilitación de los internos, una vez recuperada la libertad. El trabajo, la educación y el deporte son componentes fundamentales en la reducción de la criminalidad y la reiterancia.
El parlamento bonaerense se dispone a analizar un proyecto del oficialismo para modificar el Código Procesal Penal. El punto destacado es darle un protagonismo central a la figura de la víctima en el proceso, hoy relegada por el fiscal, por un lado, y el acusado, por otro.
La iniciativa que presentó el mes pasado la gobernadora Vidal generó adhesiones y también cuestionamientos de distintos sectores, entre ellos la Red de Jueces Penales, que considera que, lejos de mejorar el sistema, la incorporación puede llegar a generar una mayor litigiosidad y extensión de las causas.
“Seguramente quienes tienen una visión zaffaroniana van a protestar. Estamos dando vuelta la pirámide del Derecho, estamos poniendo a la víctima en el centro del proceso y hasta le estamos dando la posibilidad de apelación en el juicio por jurados, que hasta ahora solo tiene el victimiario".
- Una de las críticas, además de la posible demora en el proceso, es ¿qué puede decir la víctima que no pueda hacerlo el fiscal?
- De ninguna manera habrá más demoras. Y si las hubiera en haras de la justicia en favor de la víctima, no me importa. El fiscal representa los intereses de la sociedad, no necesariamente los de la víctima, ocurre permanentemente que el fiscal no coincide con los intereses de la víctima. El fiscal se entera de una salida transitoria, pero la víctima no. Si se dan todos los recaudos, la víctima tiene que ser escuchada e informada, aunque la decisión es del juez y la postura de la víctima no es vinculante.
- La víctima también podrá pedir la reapertura de una investigación que archive un fiscal...
- Se creará el abogado de la víctima, que se está implementando en el marco del Ministerio Público. Para nosotros, en una situación de gravedad, la posibilidad de que la víctima recurra es de estricta justicia. Si el fiscal quiere archivar una investigación y la víctima pide la reapertura, lo resolverá el fiscal general. De hecho hay casos que la Cámara Penal revisa una decisión de primera instancia y es el juez de primera instancia el que tiene que volver a resolver como lo ordena la Cámara.
- ¿Es descabellada la idea de formar, como en algunos países, lo que se llama pool de jueces, para alivianar aquellos juzgados que están cargados y ocupar otros que tienen menos trabajo?
- La ley de mapas judiciales es la que va a poder establecer la libertad de descentralizar. Se va a trabajar en la reforma de la ley orgánica. Eso también se va a hacer con los peritos. Por ejemplo, hoy los juzgados de primera instancia de Responsabilidad Penal Juvenil están colapsados, pero no así los tribunales de alzada del mismo fuero. Lo que se hará es unificar juzgados y tribunales y todos hacen todo, aunque el que intervino en primera instancia no podrá hacerlo después en la misma causa, pero sí en otra. Eso va a determinar una mayor agilización.
- ¿Y cómo funcionará la Escuela Judicial?
- Ya está tratándose en el Senado y nosotros hemos puesto en varios ámbitos que la Escuela Judicial obligatoria va a tener un año común y 6 meses de orientación de lo que decida el interesado: si quiere ser fiscal, por ejemplo, va a tener valoración de la prueba, criminología, análisis de datos genéticos, que el que va a ser juez Civil no lo necesita. Es una escuela de técnica y habilidades, no de Derecho, porque para eso está la facultad. Una vez que se aprueba, quienes quieran ser jueces o fiscales tendrán que pasar por la Escuela, que no solo funcionará en La Plata, sino, por ejemplo, en en las universidades. Si la del Sur o la de Lomas de Zamora tienen un curso de magistratura y los contenidos mínimos que exige el Consejo de la Magistratura, serán sede.
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