Una vez más la causa judicial en torno a la contaminación ambiental y calidad del agua es noticia. Nuevamente la Municipalidad dejó de proveer agua potable a las familias que habitan los barrios afectados, donde se detectó científicamente que el líquido no es apto para el consumo humano.
Así lo confirmó Sabrina Ortíz , víctima y abogada querellante en la causa Nro. FRO 70087/2018, caratulada “S / INFRACCION al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24051 y 200 del Código Penal ” , quien denunció ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal y Correccional Nº 2 de San Nicolás que la Municipalidad de Pergamino suspendió el abastecimiento que debe garantizar por orden judicial.
“A partir del mes de octubre no he recibido la provisión del líquido esencial, que cubra las necesidades básicas en pos de resguardar la salud de mi familia”, aseguró.
La medida cautelar, dictada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo y que está vigente desde abril de 2019, obliga a las autoridades municipales a proveer de agua apta para el consumo humano a la población afectada por la contaminación por sustancias.
La decisión de la Justicia Federal fue tomada luego de que Villafuerte Ruzo confirmó, a partir de diferentes análisis, la existencia de 18 agroquímicos en el agua de consumo de red y de pozos domiciliarios en los barrios Villa Alicia, La Guarida, Luard Kayad y Santa Julia.
Desde la ejecución de cumplimiento de la medida por parte del Gobierno Municipal, Sabrina Ortiz y muchas otras familias recibieron agua envasada con normalidad hasta septiembre pasado. Pero al inicio del corriente mes ya no hubo entregas del líquido esencial para las necesidades básicas.
“Luego de varias comunicaciones me transmiten que el motivo de ‘no entrega’ es que me encuentro fuera del radio de cobertura abarcado por la medida cautelar vigente, dado a que mi domicilio actual es en Barrio Centenario”, indicó la denunciante.
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El caso, conocido mundialmente a ésta altura, es que la víctima debió mudarse por indicación médica, producto del deterioro significativo que generó el agua contaminada en su salud y la de sus hijos, por lo que se ofreció a retirar por su cuenta los bidones de agua por el depósito de la empresa o que sean enviados a la casa de sus padres, que viven en el Barrio Villa Alicia.
Pero, en comunicación con Federico Galarza, jefe de la Delegación Pergamino de la Policía Federal Argentina (PFA), Sabrina Ortíz fue notificada que un funcionario municipal “quien resulta ser letrado patrocinante de (Javier) Martínez en esta causa, se hizo presente en la delegación policial manifestando ‘que no me entregaran el agua’, que no me correspondería recibirla por no estar viviendo en la zona de Villa Alicia, sin tener presente en su accionar la condición de victimas que reunimos en esta investigación y las consecuencias de deterioro que nos puede ocasionar la privación del agua segura”.
Por lo tanto, afirmó que “se trata de un hecho de vulneración de los derechos a la salud, ostentativo a favor del desmedro de la calidad de vida de mis dos hijos y mía, quienes poseemos daño genético y distintas afectaciones en nuestra salud”.
Es así que pidió a la Justicia Federal una pronta solución para que el Municipio cumpla con la medida cautelar establecida, bajo un apercibimiento por desobediencia ya que “a pesar de haber brindado entera colaboración desde esta parte para encontrar una solución apacible no fue suficiente para el funcionario municipal, quien en un acto caprichoso, provocativo y de rebeldía inexplicable, incumple con la manda judicial emanada por su Señoría, sin formalizado una respuesta fundada en una justificación objetiva sobre la cuestión planteada ” , tal como dice su denuncia.
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